"La mayoría de los magistrados y jueces de este país, igual que la mayoríade los fiscales, están ubicados sociológicamente en una postura conservadora, y no lo digo peyorativamente, es un hecho sociológico", explicó.

Adujo como prueba que "basta constatar" que las asociaciones mayoritarias de fiscales y de jueces "tienen un carácter conservador", pero recalcó que eso no es algo que "deba destacarse como definidor de que eso influye en la conducta de cada juez y que esa conducta sea diferente en el juez conservador o en el llamado juez progresista".

A este respecto, expesó el convencimiento de que "el juez conservador español es independiente y creo que mayoritariamente no influye en ellos su ideología o su forma de pensar a la hora de resolver una contienda judicial".

Por otra parte, Hernández insistió en que la investigación criminal debería ser instruida por el fiscal y no por el juez, lo que supondría "una mayor eficacia y una mayor garantía constitucional", ya que "quien instruye no debe fallar".

Agregó que precisamente el sistema de jurado que quiere promver el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, tendría aún más "explicación y fundamento que el fiscal lleve la instrucción".

CASO FILESA

Respecto al "caso Filesa", dijo que, si el Senado concede el suplicatorio para procesar al senador José María Sala, el fiscal propiciará "que se llegue cuanto antes a la apertura del juicio oral, que es donde se han de dilucidar no solamente los temas de fondo, sino las cuestiones relativas a la validez del procedimiento que se han ido planteando a lo largo de mismo".

"Creemos que ya hay material instrutor suficiente. Hay miles de documentos y miles de diligencias que se han practicado" y ahora la justicia exige "que de una ver todas sepamos exactamente cuáles son las responsabilidades que pudiera haber en este tema", señaló Hernández.

Respecto a un eventual indulto al ex comisario José Amedo, recordó que al ministerio fiscal sólo le compete elevar un informe al Gobierno y señaló que "es un tema complejo, delicado y se está sopesando los pros y los cotras, y todas las circunstancias que puedan concurrir para ser los más ecuánimes posibles".

Hernández no quiso pronunciarse sobre las dudas planteadas en torno a la constitucionalidad de la denominada "Ley Corcuera", para no interferir en las deliberaciones del Tribunal Constitucional, pero recordó que esa norma contó con un dictamen favorable del ministerio fiscal.

El fiscal general opinó que las instituciones responsables del buen funcioanmiento de la justicia, y ahora es óptima "la coordinació y la colaboración entre la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, y también con el Consejo General del Poder Judicial".

Negó rotundamente "que haya una polítización de la justicia y creo que lo que está judicializado -añadió- es la política". A su juicio, "la política española goza de plena y absoluta independencia".

Finalmente, se quejó de que la presunción de inocencia "no se respeta, no ya en el ámbito judicial, sino fuera de él. En España, se forulan demasiados juicios paralelos por aquéllos a quienes no corresponde juzgar, misión atribuida en exclusiva a jueces y tribunales".