El mayor impacto de la eliminación, que han pedido tanto PSOE como IU, se produciría en la Comunidad de Madrid, donde reside el 70% de los 600.000 beneficiarios de este sistema asistencial. Ello supondría que se cerrarían en la región nueve clínicas de tamaño medio y se perderían en el sector unos 12.609 millones de pesetas anuales.

El sistema de empresas colaboradoras de la Seguridad Social arranca de la Ley promulgada en 1968, que permite a las empresas de má de 500 trabajadores reducir sus cuotas a la Seguridad Social y decidir qué entidades serán proveedoras de los servicios sanitarios de los trabajadores y sus familias.

Desde que en diciembre de 1997 se firmaran los Pactos de Toledo, en los que se desvincula la financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, las empresas colaboradoreas se quedaron sin cobertura legal, lo que obligó al Gobierno a definir un nuevo criterio de financiación.