El estudio, elaborado por elaborado por Confederación Aspace, indic que en total son 85 las entidades y 230 los centros que tuvieron que realizar un sobreesfuerzo económico, tanto en 2020 como en 2021, para seguir respondiendo a las necesidades de las personas con parálisis cerebral y sus familias.

Este gasto que tuvieron que asumir vino derivado del refuerzo del personal en distintos centros y servicios y debido a bajas y sustituciones, del desembolso en EPIS, dispositivos electrónicos, Internet y sistemas de renovación de aire, así como de la adecuación de los diferentes espacios físicos y la adaptación de los servicios a la normativa sanitaria vigente.

Según la investigación, en la mayor parte de los casos el esfuerzo económico no vino acompañado por el apoyo de las administraciones públicas responsables de garantizar estos servicios. “De hecho, se observa que ha habido un alto desequilibrio en 2020 entre los sobrecostes de la pandemia para las entidades Aspace y las ayudas u otras fuentes de financiación a las que han podido acceder para paliar la situación”, explicaron.