El texto, defendido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recibió el apoyo de todos los partidos salvo las dudas de Esquerra y el rechazo frontal de PP y Vox. Esquerra cargó contra los “volantazos” del PSOE ante la exhibición de fuerza de Junts, que se jactó de que “forzar hasta el límite al Partido Socialista da resultados”.

Mientras, PP y Vox basaron su rechazo frontal en el hecho de que el Gobierno incorpore la cesión a Cataluña de las convocatorias y selección de los funcionarios habilitados nacionales para las administraciones locales, aunque dejaron claro que no están en contra de la ampliación del período para acogerse a ‘Verifactu’ ni de que se faciliten las inversiones sostenibles, otra de las medidas del decreto.

En concreto, el real decreto-ley amplía en un año la obligatoriedad de que los autónomos y empresas se acojan obligatoriamente al sistema ‘Verifactu’, conectado con la Agencia Tributaria, a fin de reforzar la lucha contra el fraude. Organizaciones como ATA o la propia CEOE demandaron ampliar ese plazo, dado que no estaba el tejido productivo preparado, en su opinión.

Por otra parte, con este real decreto-ley se permitirá a las comunidades autónomas y entidades locales poder emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles (IFS) en 2025, 2026 y 2027, como la construcción de viviendas o la mejora de infraestructuras públicas.

Asimismo, se transfiere a Cataluña la gestión de la convocatoria de funcionarios habilitados nacionales en las corporaciones locales, en lo referido a la convocatoria de oposiciones y procesos de selección. Esta medida ha motivado enormes críticas de asociaciones de altos funcionarios en España, si bien el ministro Torres aclaró que no se trata de una cesión, sino de “devolver” la competencia a las autonomías, puesto que ya la tuvieron entre 2008 y 2013.

Ante todas estas medidas, Torres subrayó que se “ayuda” a las administraciones y a los autónomos, con este aplazamiento “justo y necesario” con el retraso de un año de la obligatoriedad del ‘Verifactu’.

TRILERISMO

En el debate, el diputado del PP Antonio Román calificó el decreto de “ejemplo de trilerismo” del Gobierno, que adopta estas medidas por “supervivencia” política y sentenció que reúne materias que “no deberían ir nunca juntas”. Es por ello que explicó que, de haber traído textos diferentes, el PP votaría de forma diferente en cada una de las medidas, mostrándose así a favor de la prórroga de ‘Verifactu’ y de las inversiones sostenibles, pero no de la cesión a Cataluña de la gestión de los habilitados nacionales.

Asimismo, dijo que “no hay urgencia” para aprobar esta última medida salvo los “compromisos” y el “chantaje” de Junts, ante quien el PSOE sigue “mendigando” apoyo y se “pone de rodillas”. También afeó la “debilidad parlamentaria” del Ejecutivo. Con todo, quiso poner de relieve el apoyo del PP a los 3,4 millones de autónomos que hay en España.

En la misma línea, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe cargó contra el real decreto-ley por incluir medidas positivas y negativas, “con un envoltorio amable” y “alivio para autónomos”, pero con un “obsequio” y una “cesión competencial” a Cataluña que “jamás hubiera sobrevivido en un debate limpio y separado”.

“Es la huella del parcheo normativo; un decreto concebido para inversiones y ‘Verifactu’ al que se le ha injertado, de manera atropellada, una cesión competencial incompatible con las materias originales”, desarrolló Aizcorbe. Por ello, dejó claro que no votan contra el aplazamiento del ‘Verifactu’ ni contra las inversiones financieramente sostenibles, sino contra la “farsa” de las cesiones.

En este punto, el diputado del PSOE Juan Antonio González exigió al PP y a Vox que no tumben medidas como la ampliación del plazo de ‘Verifactu’ o la facilitad de que ayuntamientos y comunidades puedan efectuar más de 10.000 millones en inversiones, solo por el hecho de discrepar en la transferencia de una competencia a Cataluña.

APRETAR AL PSOE

Desde Junts, Josep Pagès se regocijó en que en el texto “solo hay temas” planteados por su formación política y subrayó que las “deudas con Cataluña no prescriben”. “Con este real decreto, de nuevo, se evidencia que mantener una posición y forzar hasta el límite al Partido Socialista da resultados y sirve para cambiar las cosas”, disparó este parlamentario.

De “auténtico churro” calificó el real decreto la diputada de Esquerra Inés Granollers, puesto que contiene medidas que no tienen que ver entre sí y se preguntó qué deben hacer si algunas las comparten y otras no. “Podemos afrontar este decreto con la responsabilidad de siempre, dando apoyo a quien ayuda y denunciando lo que no nos gusta. Pero el PSOE nos demuestra que le encanta ir a volantazos, por lo que hoy, quizás nos permitiremos el lujo de ir dando bandazos”, se plantó.

En concreto, la diputada de Esquerra mostró su preocupación por las empresas que han cumplido ya con ‘Verifactu’ y deploró que se hagan las “cosas mal” y se lleve al Congreso ese “gran churro”.

A favor del texto se mostraron con claridad el PSOE, Sumar, BNG, Podemos, Bildu, y el PNV, formación esta última que demandó que no solo se permita usar para inversiones sostenibles el superávit de 2024, sino también el de 2025.