Según un informe del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública con cifras de 2023 y 2024 centradas principalmente en la Administración General del Estado (AGE), en 2023 se convocaron 13.755 plazas por el turno de libre acceso, de las que el 4,99% estaban reservadas para personas con discapacidad (687). En 2024 el total fue de 14.272 y de ellas el 7,23% estaban previstas para personas con discapacidad (1.032).

De acuerdo con este estudio, recogido por Servimedia, en promoción interna, pese a que los datos globales son menores, el porcentaje del cupo de discapacidad es superior. En 2023 hubo 7.892 plazas, con el 7,5% para personas con discapacidad. En 2024 la cifra escaló a 8.131, con el 10,34% para discapacidad.

En particular, destaca el incremento de plazas reservadas para personas con discapacidad general, que pasan de 395 en 2023 a 644 en 2024, lo que supone un aumento relativo de casi tres puntos porcentuales. Según Función Pública, este crecimiento refleja una apuesta clara por reforzar las medidas de inclusión también en la promoción interna, y se alinea con el avance observado en el turno libre.

El estudio señala también que el número de personas que superan el primer ejercicio suele ser ligeramente superior al de quienes finalmente superan el proceso selectivo en su conjunto. Esta diferencia puede deberse a que el número de aspirantes que superan el ejercicio inicial sea mayor que el de plazas disponibles, o a que algunas de estas personas no cumplan los requisitos exigidos para ser nombradas. Además, en los procesos selectivos compuestos por varios ejercicios eliminatorios, es habitual que se produzcan cribas progresivas que reducen de forma significativa el número de aspirantes a medida que avanza el proceso.

“DEMASIADO DÉBIL”

Ante estas cifras, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) manifestó a Servimedia que son datos “alentadores” sobre la progresiva incorporación de más personas con discapacidad como empleadas públicas en la Administración General del Estado. Eso sí, precisó que esta mejora es aún “demasiado débil, ha de intensificarse y que escale a cifras de mayor alcance numérico”.

"Es evidente el aumento de plazas reservadas en las convocatorias, consecuencia del cambio legal por el que el cupo de reserva pasa del 7% al 10% en la Administración del Estado. Pero este notable incremente no se proyecta en la incorporación efectiva, que es mucho más modesta. Obliga a examinar qué está sucediendo para que a la mayor oferta, evidente, no corresponda una incorporación análoga”, valoró el Cermi. Además, llamó la atención sobre la “muy favorable” evolución de la subcuota de discapacidad intelectual, de lo que animó a extraer aprendizajes.

“En suma, se avanza, pero con ritmo pausado, concluyendo que se necesita una nueva regulación reglamentaria del acceso al empleo público de personas con discapacidad, que actualice, amplíe y haga más ambicioso el régimen vigente, que data de 2024. El Ministerio de Función Pública está en ello, con un grupo de trabajo en el que participa el Cermi, pero debe acelerar este proceso de renovación normativa”, acentuó la entidad.

MUJERES

De vuelta al informe, los datos disponibles reflejan una tendencia sostenida al alza en la presencia de mujeres con discapacidad en las pruebas de acceso al empleo público. Así, en la última década, se observa que el porcentaje de mujeres con discapacidad que han superado los procesos selectivos ha pasado del 27,27% en 2015 al 52,15% en 2024.

“Aunque la tendencia no ha sido uniforme en todas las convocatorias, el avance global resulta significativo y refleja el impacto positivo en el colectivo de las mujeres con discapacidad”, ahonda el departamento dirigido por Óscar López.

Por tipo de discapacidad, Función Pública destaca que todavía existe una infrarrepresentación importante en los grupos superiores, lo que atribuye a las exigencias técnicas de los puestos. Sin embargo, subraya que este fenómeno plantea la necesidad de explorar fórmulas de accesibilidad cognitiva y ajustes razonables que amplíen las oportunidades de este colectivo más allá de los niveles más bajos de la Administración.

En este contexto, pone como ejemplo de buena práctica la incorporación de plazas reservadas para discapacidad intelectual en la promoción interna del personal laboral fijo en la oferta de empleo de 2024, lo que ve como un “cambio cualitativo” respecto a ejercicios anteriores.

Aunque las tasas de cobertura de las plazas de acceso libre se aproximan o incluso superan el 100% en algunos cuerpos y ejercicios, los resultados en promoción interna y concursos son más dispares.

En diversos procesos se observa un número de personas admitidas inferior al de plazas convocadas, con coberturas inferiores al 50% e incluso nulas en algunos casos. Este patrón plantea, a criterio de Función Pública, la necesidad de impulsar estrategias más efectivas de identificación y acompañamiento de potenciales aspirantes con discapacidad ya presentes en la Administración, reforzando la “formación, la motivación y el apoyo institucional”.

ADAPTACIONES

En cuanto a las adaptaciones, que pueden ser de medios o de solicitud de más tiempo para el ejercicio de las pruebas, el Ministerio detecta una “alta” tasa de concesión especialmente en las de medios, que alcanza el 100% en la mayoría de los ejercicios, lo que evidencia la consolidación de una práctica administrativa garantista. No obstante, el número de personas que solicita adaptaciones continúa siendo significativamente inferior al total de aspirantes por el cupo de discapacidad.

Ello, según el informe, puede deberse a múltiples factores, como una posible autopercepción de no necesitar ajustes, un desconocimiento de los propios derechos o barreras administrativas no identificadas.

Como aspecto de mejora, Función Pública resalta los resultados iguales entre pruebas y áreas de las administraciones, así como “dispersión” normativa y criterios operativos desiguales entre convocatorias y cuerpos.

“Resulta conveniente avanzar hacia una planificación estratégica más coordinada que garantice el cumplimiento efectivo de los objetivos de inclusión establecidos por la legislación, armonice los criterios técnicos de evaluación y adapte los procesos selectivos a la diversidad social, sin pérdida de rigor”, aconseja el estudio.

Finalmente, el informe recoge datos de comunidades autónomas en ámbitos como la sanidad, pero identifica que todavía hay gobiernos regionales que no desglosan las cifras correctamente.