Así se recoge en un nuevo informe de la red Gas No Es Solución -de la que forman parte Ecodes, Ecologistas en Acción, Iidma (Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente), la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y Transport & Environment-, en colaboración con la ONG nigeriana Connected Advocacy.

El documento, publicado este martes, advierte de los impactos vinculados a esta actividad extractiva en Nigeria, que fue el cuarto mayor exportador de gas a España en 2023. Mientras una parte importante del gas se destina a la exportación, un 30% de la población nigeriana no tiene electricidad.

Asimismo, las comunidades del delta del Níger afrontan desde hace décadas problemas de contaminación atmosférica y del agua, deterioro agrícola y pérdida de medios de vida tradicionales, aumentando las desigualdades ya presentes, como las de género.

GAS EN ANTORCHA

Uno de los aspectos más destacados es la quema de gas en antorcha, práctica que, según el documento, representa un riesgo significativo para la salud de la población local.

Nigeria dispone de uno de los sistemas gasistas más grandes de África y proyecta nuevas infraestructuras como los gasoductos Trans-Sahara, Nigeria-Libia, Nigeria-Marruecos (para abastecer a 13 países) y el Gasoducto del Golfo de Guinea.

Estos proyectos restan recursos al desarrollo nacional y pueden llegar a contribuir a “una espiral de deuda”, según el informe. Nigeria dedica más de un 37% del su presupuesto estatal al pago de la deuda externa.

El documento también recoge críticas al papel de compañías extranjeras como Santander, Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni, Total y Equinor, a las que atribuye la obtención de beneficios en detrimento de las comunidades locales.

“QUIEN CONTAMINA, PAGA”

Según las organizaciones responsables, este “modelo extractivista” responde a “un patrón histórico de explotación de recursos en el Sur Global, que incluye violaciones de derechos humanos y la falta de cumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)”.

“El gas fósil consumido en el Estado español ha tenido devastadoras consecuencias en su cadena de valor, destrozando el territorio del delta del Níger. Debemos hacer que las compañías responsables paguen por ello, siguiendo el principio de ‘quien contamina, paga’”, según Sofía Fernández, de Ecologistas en Acción.

Fernández subraya que, “mientras España se beneficia de las importaciones de gas nigeriano, las comunidades locales sufren una mala calidad del aire, infecciones respiratorias y una menor esperanza de vida”.

“La industria del petróleo y el gas, promocionada como una bendición, ha resultado ser una maldición para los habitantes del delta del Níger. Debemos dar prioridad a las cuestiones de derechos humanos en el tráfico de la energía, amplificar las voces locales para poner fin al colonialismo de los combustibles fósiles y reforzar los marcos de justicia medioambiental y acción climática”, indica.

Fernández concluye: “Exigir responsabilidades a los contaminadores y a los responsables políticos es fundamental para mitigar las violaciones de derechos humanos y abordar los retos medioambientales locales”.