Así se desprende del seminario celebrado hoy en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales español bajo el lema "Prolongación de la vida activa en el entorno de la UE", donde todos los asistentes coincidieron en que la edad legal de jubiliación debe coincidir con la edad real de retiro.

El responsable de la Unión Europea (UE) y jefe de la unidad E-4, George Fisher, reconoció que la regulación sobre jubilación es propia de cada estado miembro, pero destacó que en muchos países de Europa ya se ha tomado la iniciativa de elevar la edad de jubilación de los trabajadores, lo que es una buena idea.

Para las instituciones comunitarias, el hecho de que la esperanza y la calidad de vida hayan mejorado en los últimos años, debe conllevar también que el tiempo de trabajo efectivo se alargue.

Por su parte, el secretario adjunto de la Política Institucional de CCOO, Héctor Maravall, defendió el marco legislativo español, que fija la jubilación en 65 años, y destacó que "no es un problema tanto jurídico, sino cultural".

"Una persona de 55 años jubilada no es una persona amortizada", espetó Maravall a las empresas, a las que acusó de "mandar mensajes tan nefastos socialmente como prejubilar a la gente a los 52 o 55 años", que esconden la idea de que, a esa edad, "es una persona que ya no sirve".

Mientras, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, opinó al respecto que en el debate sobre el futuro del sistema de pensiones "se están sobreestimando los problemas de los sistemas públicos de pensiones, y se están infraestimando las ventajas de los sistemas privados de pensiones".

Zubiri defendió la sostenibilidad de los sistemas públicos, aunque advirtió de que pueden encontrarse con problemas "si se insiste en financiarlos exclusivamente con cotizaciones", por lo que apeló a la creación de un esquema adecuado que garantice su sostenibilidad.

MANO DE OBRA EXTRANJERA

En cuanto al papel que juega la inmigración en los sistemas públicos de pensiones, Ignacio Zubiri alertó de que, a pesar de ser un sector más que ayudará, "ver la inmigración como el mecanismo para salvar nuestras pensiones es éticamente inaceptable".

Asímismo, afirmó que no hay que buscar una solución por la vía de la mano de obra extranjera, y que la clave para garantizar la pervivencia del sistema de pensiones "se encuentra principalmente en que siga la creación de empleo".

Maravall indicó que la inmigración "puede mejorar durante unos años los ingresos de la seguridad social", aunque recordó que no es una solución, ya que hay que tener en cuenta que, en 25 años, los trabajadores extranjeros también cobrarán pensiones.