Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada de ERC Norma Pujol se refirió a un “error” detectado en el cobro del IMV en noviembre, que afectó a 1.112 personas que también percibían la Renta de Ciudadanía catalana.

En temas tan "sensibles como este, debemos agudizar el sentido" y "agilizar los procesos”, y destacó “el descontento de los sindicatos de funcionarios” respecto a la gestión de esta ayuda estatal.

En su opinión, "el verdadero error” se debe a “legislar dos veces sobre un mismo hecho y una misma población objetiva, con dos niveles distintos de prestación, dos tiempos distintos de acceso y definiciones distintas de los requisitos".

Existen dos opciones para solucionarlo, prosiguió: “recortar derechos y dejar a esta población sin la renta básica catalana” o “poner a la ciudadanía en el centro y priorizar la lucha de la pobreza frente al solapamiento entre instituciones, traspasando a Cataluña la gestión del IMV.

Escrivá repuso que la ley del Ingreso Mínimo Vital incluye una disposición adicional referida a la gestión conjunta de dicha ayuda entre el Estado y la Generalitat de Cataluña. “Esto es lo que llevamos intentando hacer desde hace más de dos años” en Cataluña, aseguró.

Sin embargo, “la Generalitat decidió recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional” lamentó, y ello “ha dificultado mucho la gestión conjunta desde entonces”. A su juicio, esta decisión no fue "muy consecuente" con lo que se había acordado en la Cámara a propósito de la disposición adicional de la ley que “salió adelante sin ningún voto en contra”.

Todo esto ha retrasado “el avance que yo creo que tenemos que hacer entre las dos administraciones para lo que realmente le interesa a los ciudadanos de Cataluña: una ventanilla única que provisione el escudo social contra la pobreza y para proteger a las personas más vulnerables”, insistió la diputada de ERC.

Defendió que los ciudadanos catalanes quieren que “las dos partes unan sus fuerzas” y Escrivá criticó que “se siga insistiendo" en reclamar una transferencia de competencias que “es inconstitucional”, según dictó el tribunal responsable.

Además, subrayó que la puesta en marcha del IMV se debió a la insistencia de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, ante la escasa cobertura alcanzada por las rentas mínimas de protección autonómicas.