Los hechos que han dado lugar a esta sentencia se refieren al caso de Aderrahman Amjane, quien en febrero de 1992 solicitó un permiso de residencia para estudiar en nuestro país, done vive con su hermano y la esposa de éste, quienes ya tienen regularizada su situación en España.

Sin embargo, un año después, el 31 de mayo de 1993, la Secretaría de Estado para la Seguridad dictó una resolución por la que ordenaba la expulsión del territorio español de Aderrahman Amjane, quien aún no había recibido respuesta sobre su solicitud de residencia.

Para los magistrados del Supremo, tal resolución, que también prohibía al mencionado inmigrante la entrada en nuestro país por un periodo e tres años, no es ajustada a Derecho e infringe la jurisprudencia sentada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal a este respecto.

"Mientras la Administración no ha resuelto la solicitud de permiso de residencia, de trabajo o de regularización de su situación, formulada por un extranjero, no es conforme a Derecho acordar su expulsión, pues no cabe equiparar la conducta de quien elude los controles administrativos con la de quien acredita el cumplimiento de ellos", como es este aso, dicen los magistrados.