El estudio, titulado ‘Pobreza energética: Ecosistema de agentes para combatirla mediante intervenciones de proximidad’, destaca que “la lucha contra la pobreza energética debe enfocarse a través de las administraciones, las entidades del tercer sector, las instituciones académicas y los agentes del sector energético que actúan a un nivel local, ya que ofrecen una mayor cercanía a los colectivos en dificultades o riesgo de exclusión social”.

Así, la investigación, dirigida por la catedrática María Teresa Costa-Campi, señala que la administración pública, en especial a un nivel local, es el agente que impulsa la mayoría de las iniciativas contra la pobreza energética. De su lado, las entidades del tercer sector, así como las empresas y cooperativas, participan también de forma muy habitual en las iniciativas locales contra la pobreza energética, en un 87,5% y 81,3%, respectivamente. Asimismo, las universidades y centros de investigación están implicados en tres de cada cuatro iniciativas de lucha contra la vulnerabilidad energética.

El informe recuerda que España es uno de los países de la UE con niveles mayores de pobreza energética. En 2012 ocupaba la décima posición con mayor incidencia de hogares incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada (un 9,1% de los hogares). Sin embargo, diez años más tarde, tras la crisis financiera, el impacto del Covid-19 y la crisis energética, España se encuentra en la sexta posición, con un impacto en el 17,1% de los hogares españoles, frente al 9,3% de la media europea.

Y, en este sentido, la pobreza energética deriva no solo de la presencia de bajos ingresos en la unidad familiar, sino también de una baja eficiencia energética de los edificios y de los equipos consumidores de energía, una falta de formación de los consumidores y de los precios de la energía. Ello provoca, entre otras cuestiones, consecuencias severas para la salud, agrava la exclusión social y deteriora el bienestar en general de las familias.

“Estas graves consecuencias requieren la coordinación de los distintos agentes implicados en su resolución y establecer un modelo de gobernanza que los integre en su diversidad”, explica Costa, que añade que “la lucha contra la pobreza energética debe enfocarse de abajo hacia arriba, a través de las administraciones, las entidades del tercer sector, las instituciones académicas y los agentes del sector energético que actúan a un nivel local, ya que ofrecen una mayor cercanía a los colectivos en dificultades o en riesgo de exclusión social”.

El estudio de la Cátedra de Sostenibilidad Energética del IEB-Universitat de Barcelona también identifica puntos de “mejora y oportunidades” para lograr un trabajo eficiente a nivel local. En este sentido, en el sector público, el estudio indica que es clave revertir la “debilidad identificada de procesos administrativos muy lentos, complejos y con bajo nivel de digitalización, en una fortaleza acorde con un entorno regulatorio amplio en materia de pobreza energética en España”.

Igualmente, añade que las empresas del sector energético muestran una “elevada capacidad y apuesta por la innovación y una amplia disponibilidad de información valiosa sobre consumos energéticos”. Así, sostiene que “la combinación de ambas fortalezas permitiría una explotación sistemática de datos para atajar esta problemática de una forma más proactiva”.

En cuanto a las entidades del tercer sector, valora que ofrecen capilaridad en todo el territorio y una relación de confianza y proximidad con las familias vulnerables, aunque sufren “falta de recursos humanos”.

Por otro lado, el informe subraya la ausencia de profesionales capacitados, de experiencia en la implementación de iniciativas y las dificultades en el acceso a ayudas y subvenciones son problemáticas que afectan de forma relativamente similar a todas las iniciativas estudiadas.

El estudio señala también la importancia de caracterizar bien a las personas que sufren de pobreza energética. Para ello sería necesario, además de encuestas homogeneizadas de organismos oficiales, obtener información de múltiples fuentes, como la que manejan las entidades sociales, los datos de los contadores inteligentes para saber si se está haciendo un buen uso de la energía o los que permitan conocer el estado de las viviendas.

Por último, destaca el papel de los agentes locales a través de cuatro iniciativas: eficiencia energética, la promoción del uso de las energías renovables, transferencia del conocimiento y el empleo de la innovación tecnológica.

Este nuevo documento forma parte de las actividades que la Fundación Naturgy realiza sobre temáticas relacionadas con la energía para promover el uso racional de los recursos energéticos y fomentar un desarrollo sostenible. Todas sus publicaciones se pueden consultar en el Centro de Conocimiento de su web.