Es una de las conclusiones de un informe impulsado por Plena inclusión y la Uned que evidencia la necesidad de reforzar los apoyos más allá del momento del acceso, garantizando una verdadera inclusión laboral. El estudio también subraya la importancia del rol de los preparadores y preparadoras laborales, cuyas funciones resultan fundamentales para acompañar a la persona en su adaptación y desempeño dentro del entorno laboral público.

Según recordó Plena inclusión en una nota, el acceso a un trabajo digno sigue siendo un derecho vulnerado para más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que viven en España. Sólo 2 de cada 10 tienen un empleo. Por eso, desde la organización ha querido sondear cómo está en la actualidad el acceso de estas personas al empleo público.

A través de una investigación realizada por un equipo de la Facultad de psicología Evolutiva de la UNED, se han recogido 900 respuestas a cuestionarios estandarizados que buscaban testar las dificultades y apoyos que experimentan las personas con discapacidad intelectual y sus familias en el acceso y mantenimiento de empleo en la administración pública. El estudio también pregunta acerca de los apoyos que necesitan estas personas y sobre las mejoras que deberían aplicarse para garantizar una auténtica inclusión laboral.

Este estudio, que ha contado con la participación de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, familiares suyos, técnicos de empleo de las entidades de Plena inclusión y personal funcionario de administraciones pública, ofrece una radiografía de los principales obstáculos procesos de empleo público desde la perspectiva de la inclusión. La herramienta diseñada supone, además, un paso importante para evaluar y mejorar la accesibilidad y la calidad del empleo público para este colectivo.

MEJORAS

Desde Plena inclusión se valora el progreso que supone para un país como España disponer de una reserva específica de un 2%, para personas con discapacidad intelectual, en las convocatorias de acceso a plazas de empleo público.

No obstante, la organización que reúne a 950 asociaciones de todo el país que dan apoyo a más de 150.0000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, se siguen reivindicando nuevas mejoras en el acceso al empleo inclusivo en las administraciones públicas. Entre ellas, destaca la petición de un aumento de la actual cuota de reserva para personas con discapacidad intelectual y la creación de una nueva subcuota para personas con discapacidades del desarrollo que no presentan la condición de discapacidad intelectual. Plena inclusión insiste además en la necesidad de adaptar los procesos de promoción interna y garantizar apoyos durante toda la vida laboral de la persona.