El estudio, apoyado en la red asociativa de la CNSE y en el Servicio ALBA, activo desde 2018, analizó por primera vez de forma sistemática violencias lingüísticas y culturales, así como preferencias comunicativas y experiencias personales y laborales de estas mujeres, tal como explicó la experta Alba Prado.

Los datos revelaron que el 40,3% sufrió violencia lingüística en la pareja, el 43,5% comportamientos ofensivos vinculados a su identidad sorda, como impedirles signar sujetándoles las manos, y el 27,4% limitaciones para participar en actividades comunitarias, cifras que llevaron a Prado a defender el reconocimiento de esta modalidad como violencia de género, según argumentó la portavoz.

El informe también constató una fuerte violencia institucional: el 58% abandonó trámites por falta de accesibilidad, el 73% vio cuestionada su capacidad por su forma de comunicarse y el 66% tuvo problemas para acceder a intérpretes en emergencias; además, en el ámbito judicial, el 43,4% no contó con intérprete, el 35,5% tuvo que compartirlo con su agresor y el 32,2% no se sintió comprendida, como indicó la experta Cristina López.

Las ponentes reclamaron una red de apoyo específica, garantizar intérpretes y mediadoras en todo el proceso de denuncia y eliminar prejuicios capacitistas, además de impulsar políticas que aborden esta violencia aún invisibilizada, según concluyeron las representantes.