Fuentes jurídicas informaron a Servimedia de que Interpol ha remitido al Supremo un escrito cursado por las autoridades francesas, en el que se hace referencia a que, si no hay explicaciones, Francia no podría detener a José Antonio Urrutikoetxea, porque parece que han prescrito los delitos por los que España dictó en noviembre una orden de busca y captura internacional contra este diputado "abertzale".

Estos hechos, que propiciaron la fuga de "Ternra" el pasado mes, son la presunta implicación de este parlamentario en el atentado cometido por ETA en diciembre de 1987 contra una casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, acción que provocó once muertos, varios de ellos niños.

En el escrito recibido por el Supremo, las autoridades francesas afirman, respecto a la presunta implicación del diputado en este atentado, que "al parecer este hecho ha prescrito", puesto que en el país galo "los actos criminales tienen una prescripción de 10 años (inclso en materia de terrorismo cuando los hechos son anteriores al 09.02.1995)".

"Por lo tanto", añaden las autoridades francesas, "los hechos criminales cometidos el 11.12.1987 prescribieron el 11.12.1997 salvo que haya ha habido actos interruptivos de la prescripción".

Por este motivo, Francia solicita al Supremo "indicar todos los actos que hayan podido interrumpir la precripción (audición de testigos, investigaciones, sentencia de coautores...). En cuanto nos hagan llegar estos actos interruptivs de la precripción, examinareros de nuevo lo relativo al indicador de validez permanente".

La causa abierta en el Alto Tribunal contra "Ternera" se basa en las declaraciones que han prestado etarras como José Manuel Soares Gamboa y María Elena Beloqui Resa, de las que se deduce que fue el parlamentario de Batasuna fugado el que reinvindicó el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza.