La norma permite a las empresas vender determinados productos en la UE si sus proveedores aseguran que proceden de zonas en las que no se han talado árboles, con el fin de luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Los productos cubiertos por la nueva legislación son el cacao, el café, el aceite de palma, la carne de vacuno, la soja, el caucho y la madera. También se incluyen productos derivados que contienen, han sido alimentados o han sido elaborados con los productos básicos mencionados, como chocolate, muebles, papel impreso y derivados seleccionados a base de aceite de palma (utilizados, por ejemplo, como componentes en artículos de cuidado personal).

El reglamento está en vigor desde el 29 de junio de 2023 y sus disposiciones de aplicarían a partir del 30 de diciembre de 2024. Sin embargo, el Parlamento Europeo respaldó este martes la propuesta de la Comisión Europea, secundada después por el Consejo de la UE, de posponer un año la fecha de aplicación del reglamento por falta de documentos de orientación para ayudar a las empresas y las naciones a aplicar mejor las normas.

OTRAS ENMIENDAS

La Eurocámara adoptó este martes el acuerdo político provisional alcanzado con el Consejo de la UE por 546 votos a favor, 97 en contra y 7 abstenciones. La decisión se fundamenta en las preocupaciones planteadas por países comunitarios y no comunitarios, comerciantes y empresas de que no podrían cumplir plenamente con las normas si se aplicaran a finales de este año.

Por tanto, las obligaciones del reglamento serán vinculantes a partir del 30 de diciembre de 2025 para grandes compañías y comerciantes y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas.

A petición del Parlamento Europeo, la Comisión Europea garantizará que tanto el sistema de información para operadores y comerciantes como la propuesta de clasificación de riesgos de países y regiones estén disponibles lo antes posible, a más tardar el 30 de junio de 2025.

Con una revisión general del reglamento prevista como muy tarde el 30 de junio de 2028, el Ejecutivo comunitario analizará medidas adicionales para simplificar y reducir la carga administrativa para las empresas.

“Lo prometimos y lo hemos cumplido. Hemos atendido las peticiones de varios sectores que se enfrentan a dificultades y hemos garantizado que las empresas, los silvicultores, los agricultores y las autoridades afectadas dispondrán de un año adicional para prepararse”, indicó Christine Schneider, ponente del texto en el Parlamento Europeo.

Schneider subrayó: “Este tiempo debe utilizarse de forma eficaz para garantizar que las medidas anunciadas en la declaración vinculante de la Comisión, incluida la plataforma en línea y la categorización de riesgos, se apliquen de forma coherente para crear una mayor previsibilidad en toda la cadena de suministro”.

“En la fase de revisión se realizará una evaluación de impacto y una mayor simplificación para los países o regiones de bajo riesgo, lo que proporcionará a los países un incentivo adicional para mejorar sus prácticas de conservación forestal”, señaló.

DILIGENCIA DEBIDA

Ese aplazamiento permitirá a terceros países, Estados miembro de la UE, operadores y comerciantes estar preparados para cumplir con sus obligaciones de diligencia debida, que consisten en garantizar que determinados productos y materias primas vendidos en la UE o exportados desde la Europa comunitaria no produzcan deforestación.

Estos sistemas de diligencia debida incluyen la identificación de los riesgos de deforestación en las cadenas de suministro, así como medidas de seguimiento y presentación de informes para demostrar el cumplimiento de las normas de la UE.

La principal causa de la deforestación y la degradación forestal en el mundo es la expansión de las tierras agrícolas, vinculada a la producción de los productos básicos incluidos en el ámbito de aplicación del reglamento.

Unos 420 millones de hectáreas de bosque -un área más grande que la UE- se convirtieron de bosques a uso agrícola entre 1990 y 2020, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El consumo de la UE representa un 10% de esta deforestación global. El aceite de palma y la soja representan más de dos tercios de los productos procedentes de zonas deforestadas.