Así se recoge en el ‘Documento de Observaciones Generales nº 8 sobre el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo’, publicado por este organismo de expertos independientes que supervisan el cumplimiento e implantación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El objetivo de este texto es aclarar las obligaciones de los Estados parte en relación al artículo 27 de la Convención, que establece los principios del derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo, y proporcionar una base para que los países firmantes cumplan sus compromisos acordes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

En concreto, el documento se refiere al Objetivo 8.5, que busca conseguir para 2030 una vida plena y productiva con empleo “decente para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”.

Según estas Observaciones Generales, el empleo segregado para personas con discapacidad, como los talleres protegidos, “no debe considerarse como una medida progresiva del derecho al trabajo, que se manifiesta únicamente mediante un empleo libremente elegido o aceptado en un mercado laboral abierto e inclusivo”.

Critica que el empleo segregado, como los talleres protegidos, incluyen todavía “prácticas basadas en la segregación y en la organización en torno a determinadas actividades específicas que se consideran aptas para las personas con discapacidad; tienen un enfoque demasiado médico y rehabilitador; no promueven la transición al mercado laboral abierto, ni remuneran a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”.

Por ello, plantea una serie de cambios en las estructuras de empleo protegido, y defiende que “las empresas de empleo administradas y dirigidas por personas con discapacidad, incluidas aquellas que son de propiedad conjunta y controladas democráticamente, no pueden considerarse empleo segregado si brindan condiciones de trabajo justas y favorables, en igualdad de condiciones con las demás”.

En definitiva, la Observación nº8 señala que, pese a algunos avances, “la falta de acceso al mercado laboral abierto y la segregación continúan siendo los mayores desafíosa superar”. “La discriminación, la denegación de ajustes razonables, los lugares de trabajo inaccesibles y el acoso siguen vigentes” en muchos centros de trabajo, resalta.

CAMBIOS EN ESPAÑA

En el caso de España, la aplicación de estas recomendaciones supone modificar las políticas de empleo para personas con discapacidad.

Se trataría, por ejemplo, de “potenciar los sistemas de empleo con apoyo en lugar de dar prioridad al empleo protegido, como ahora mismo sucede con las diferentes leyes, decretos y demás herramientas de promoción”, señala Down España desde su blog especializado en empleo.

A su juicio, “es necesario que nuestro país cambie las políticas económicas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad, apueste por el empleo de tipo inclusivo y evite que los recursos vayan mayoritariamente al empleo protegido (como pasa actualmente) y se centren en la inserción laboral ordinaria”.

Reclama, asimismo, revisar el funcionamiento de las estructuras de empleo protegido existentes, para asegurar que estas sean democráticas, de libre elección u opción para las personas con discapacidad, gestionadas por ellos y con condiciones de trabajo similares al resto de trabajadores.

“Estas recomendaciones debieran ser parte esencial del futuro “Libro Blanco sobre Discapacidad y del proyecto de nueva Ley de Empleo que se debate en la actualidad”, defendió.

OTRAS CONCLUSIONES

El documento de Naciones Unidas subraya que “el trabajo y el empleo significativos son esenciales para la seguridad económica, la salud física y mental, el bienestar personal y el sentido de identidad de una persona”, y lamenta que los Estados aplican “una concepción capacitista” en sus políticas de empleo referidas a este colectivo.

Por ello, insta a los Estados parte a llevar a cabo un estudio exhaustivo para “determinar las repercusiones del capacitismo en el derecho a un trabajo y un empleo libremente elegidos por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás”, a fin de dar cumplimiento a la citada convención.

También recomienda a los gobiernos realizar análisis sobre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral, así como elaborar estrategias y planes de acción para garantizar su derecho al trabajo.