Así se lo trasladó la directiva Gabriela Camayd en el marco de una reunión en la que le trasladó una serie de “reivindicaciones” orientadas a “aumentar la protección de los derechos de los consumidores”, tal y como precisó la organización en un comunicado en el que recordó que en agosto de 2024 trascendió que el Ministerio “obligaría a las comercializadoras a verificar que los usuarios que piden un alta solicitaron expresamente recibir la llamada comercial”.

“De esta forma, la grabación de voz donde el futuro cliente acepta la oferta y es informado de sus condiciones tendrá también que incorporar la confirmación de que no se ha producido spam telefónico”, abundó, en relación a varias cuestiones que se pretenden incorporar al Real Decreto por el que aprobará el nuevo Reglamento General de Suministro y Contratación y se establecerán las condiciones para la comercialización, agregación y la protección del consumidor de energía eléctrica.

Durante la reunión, Camayd también denunció ante Aagesen los “abusos” que, según la asociación, se cometen a través de las llamadas comerciales, como penalizaciones y permanencias no informadas, servicios adicionales no solicitados o pérdida del bono social.

DESIGUALDADES TERRITORIALES

La directiva de Facua trasladó asimismo a la ministra la necesidad de “reforzar” la vigilancia de las empresas que se decidan a la instalación de placas solares a particulares y mostró su “preocupación” por las “desigualdades territoriales” que, según su punto de vista, existen actualmente tanto en la gestión como en el pago del bono social.

Según destacó Facua, Aagesen, por su parte, explicó a las asociaciones de consumidores el trabajo que viene desarrollando su Ministerio para esclarecer las causas que provocaron el apagón general que tuvo lugar el pasado 28 de abril y criticó la “falta de cooperación” de “algunas” compañías eléctricas para proporcionar la documentación que se les ha requerido.