Según datos de julio de 2025 del Imserso, en la Comunidad de Madrid hay más de 168.000 personas beneficiarias de prestaciones y servicios de dependencia, pero únicamente unas 550 disponen de asistencia personal reconocida, lo que supone un 0,3% del total. Mientras tanto, casi la mitad de las prestaciones concedidas se destinan a cuidados en el entorno familiar, un modelo que, a juicio de Famma, “perpetúa la sobrecarga de las familias, refuerza la dependencia y limita el derecho de las personas con discapacidad a decidir sobre su propia vida”.

El presidente de Famma, Javier Font, recordó que “la asistencia personal no es un lujo, es un derecho. Sin ella, hablamos de inclusión a medias”. Aseguró que esta prestación permite que las personas con discapacidad puedan elegir dónde y con quién vivir, participar en igualdad de condiciones y ejercer una vida autónoma. “Es imprescindible que las administraciones actúen de manera decidida para garantizar su extensión real”, remarcó.

La federación consideró que la situación en la Comunidad de Madrid es “muy preocupante”, ya que los avances registrados a través de convocatorias específicas fueron “tímidos e insuficientes” y no lograron desplegar una cobertura real.

Para Famma, el hecho de que solo unas pocas centenas de personas cuenten con asistencia personal, frente a las miles que la podrían necesitar, evidencia un “déficit estructural” en la aplicación de este derecho.

En este sentido, reclamó una mayor coordinación entre el Gobierno central y la comunidad autónoma para que el acceso a la asistencia personal no dependa del lugar de residencia. Además, exigió una serie de medidas urgentes: mayor inversión en programas de asistencia personal, simplificación administrativa en el acceso a esta prestación, planes de formación y profesionalización de asistentes personales y la inclusión de la asistencia personal como “eje central” de las políticas de autonomía e inclusión social en Madrid.

Famma recordó que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, reconoce la asistencia personal como un instrumento esencial para garantizar la vida independiente. Sin embargo, denunció que su desarrollo es “escaso, desigual y, en muchos casos, inexistente”, lo que sitúa a miles de personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad y dependencia forzada.