Este nuevo servicio nace como respuesta a la creciente demanda de las familias ante “situaciones de discriminación, falta de apoyos, barreras en el acceso a recursos educativos o discrepancias con los equipos docentes o de orientación”, informó Famma.

El punto de mediación actuará como un espacio neutral, confidencial y accesible, en el que se promoverá “el entendimiento entre centros escolares, administraciones educativas y familias, priorizando siempre el interés superior del menor”, señalaron desde la Federación.

Los principales objetivos del servicio serán “poder facilitar la resolución de conflictos entre las familias y los centros educativos”, así como “velar por el cumplimiento efectivo del derecho a una educación inclusiva”, conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Propiciará también “un impulso la coordinación entre servicios sociales, educativos y sanitarios”.

El punto de mediación estará disponible desde el 1 de septiembre “de forma gratuita”, previa solicitud por parte de las familias a través de la web, correo electrónico o teléfono de la organización, y será atendido por profesionales especializados en educación, derecho y mediación, “con formación específica en discapacidad”.

El presidente de Famma, Javier Font, señaló que las familias de niños y niñas con discapacidad “viven, con demasiada frecuencia, una experiencia marcada por el desamparo institucional, la soledad y el desgaste emocional”. El sistema educativo, que “debería ser garante de derechos y equidad”, se convierte muchas veces en “un espacio hostil, burocrático y poco receptivo a las necesidades reales de estos menores y de sus cuidadores principales”.

Los fallos estructurales del sistema educativo en la Comunidad de Madrid “no solo obstaculizan el derecho de los menores con discapacidad” a recibir una educación inclusiva y de calidad, sino que también “tienen un impacto profundo y directo en las familias”, que muchas veces “se ven forzadas a convertirse en defensoras, gestoras y coordinadoras de los apoyos que la Administración no garantiza de forma efectiva”, indicaron desde la Federación.

Famma consideró que este recurso representa “un avance significativo en la defensa de los derechos educativos” de los menores con discapacidad e hizo un llamamiento a la administración autonómica para que “colabore en la extensión y sostenibilidad del mismo, en el marco de un sistema educativo realmente inclusivo y equitativo”.