La entidad trasladó su preocupación al delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ante lo que calificó como una problemática “recurrente y generalizada” en distintos puntos de la ciudad.

Según explicó Famma, el estacionamiento de motocicletas sobre aceras y frente a los rebajes de bordillo impide o dificulta el acceso seguro entre la calzada y la acera, anulando en muchos casos la funcionalidad real de las plazas PMR correctamente señalizadas.

El presidente de Famma, Javier Font, afirmó que “la accesibilidad no puede quedar bloqueada por la falta de civismo o de control”. Y añadió que “impedir el acceso seguro a una plaza PMR supone limitar derechos básicos como la movilidad, la autonomía personal y la participación en igualdad de condiciones”.

La federación alertó de que estas situaciones obligan con frecuencia a las personas con movilidad reducida a invadir la calzada para buscar accesos alternativos o realizar maniobras peligrosas sobre bordillos no adaptados, asumiendo riesgos innecesarios para su integridad física.

Famma recordó que esta conducta vulnera la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, que prohíbe expresamente el estacionamiento de motocicletas en zonas peatonales vinculadas a reservas PMR y en cualquier punto que obstaculice itinerarios accesibles.

Asimismo, señaló que la Orden TMA/851/2021, el Real Decreto 505/2007 y la Ley 8/1993 de la Comunidad de Madrid obligan a garantizar itinerarios peatonales continuos, libres de obstáculos y seguros para el uso autónomo de las personas con discapacidad.

Pese a este marco normativo, la organización consideró que la falta de vigilancia y control efectivo ha favorecido “la normalización de estas conductas”, generando “una situación de discriminación indirecta” hacia las personas con discapacidad.

Por ello, Famma reclamó al Ayuntamiento de Madrid la adopción urgente de medidas concretas, entre ellas el refuerzo de la vigilancia sobre el estacionamiento de motocicletas en aceras y accesos PMR, una mayor intervención sancionadora por parte de Policía Municipal y Agentes de Movilidad, mejoras en la señalización horizontal y vertical y campañas de sensibilización dirigidas a motoristas.

La federación concluyó recordando que garantizar la accesibilidad universal “no constituye únicamente una obligación legal, sino también un compromiso institucional y social con los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las personas con discapacidad”.