Según Famma Cocemfe Madrid, el sistema de transporte de VTC y Eurotaxi en la Comunidad de Madrid "está fuera de control". " Ni los taxis adaptados ni los VTC cumplen con su función pública", alertó en un comunicado.

Criticó que, en lugar de garantizar la movilidad de las personas con discapacidad, "operan sin regulación específica, sin inspecciones, sin obligaciones mínimas y sin consecuencias por el incumplimiento".

"Las emisoras que gestionan los Eurotaxis funcionan como quieren", prosiguió, "sin que la Consejería de Transportes ejerza ninguna supervisión en cuanto a tiempos de respuesta, disponibilidad real, operatividad o calidad del servicio". “No hay registro público de flotas, ni trazabilidad de los trayectos ni atención prioritaria para personas con movilidad reducida”.

A su juicio, "el sistema es opaco, arbitrario y completamente desarticulado". Agregó que las plataformas VTC, como Uber, Cabify o Bolt, operan sin ninguna obligación legal de accesibilidad. "Dicen tener vehículos adaptados, pero nadie sabe cuántos hay, cuántos están en circulación o si efectivamente están disponibles para personas con discapacidad", señaló.

Famma asegura haber comprobado que esos vehículos adaptados "existen", pero que "no están prestando servicio a personas con movilidad reducida". " Son adaptados de nombre, pero inútiles en la práctica", sostiene.

En su opinión, esta falta de regulación ha convertido el sistema "en un modelo fallido y profundamente injusto, donde miles de ciudadanos quedan excluidos del transporte público por el simple hecho de tener una discapacidad". "La administración regional ha cedido su responsabilidad al mercado permitiendo que la movilidad se gestione como un negocio, en lugar de como un derecho", denunció.

Según la entidad, "este descontrol no es fruto del azar, sino de una negligencia institucional sostenida". "No hay planificación, no hay fiscalización y lo más grave: no hay voluntad de actuar". Para Famma, “se tolera la exclusión, se permite el abandono y se blanquea una situación que vulnera los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”.