Esta medida afectará a más de 162.000 personas. “Sin contar, ni dar soluciones a los desplazamientos nuevos a otros centros desconocidos para las personas con movilidad reducida”, indicó la entidad.

Famma estima que más de 200.000 personas con algún tipo de discapacidad física en la región tendrán problemas de acceso a centros educativos para poder ejercer su derecho al voto. Fuera de la capital, asegura, más del 75% de los centros educativos presentan importantes barreras arquitectónicas. Por ello, la federación solicitó que las administraciones informen previamente de los centros que son y no son accesibles.

El presidente de la Federación, Javier Font, explicó que “esto es un condicionante más a la multitud de problemas que tienen las personas con movilidad reducida que de por sí, tienen que luchar con barreras insalvables para ejercer su derecho al voto y además les cambian el centro para realizar dicha acción. Otra cosa sería que las administraciones locales avisaran de qué centros son o no son, accesibles. Algo impensable en la actualidad”.