El estudio, elaborado por el economista Francisco García-Rodríguez, también apuntó que España es uno de los pocos países europeos que mantiene este impuesto sobre el patrimonio neto, si bien su diseño presenta limitaciones tanto en progresividad, como en equidad territorial y capacidad redistributiva.

En concreto, en el caso de España, su sistema de imposición patrimonial se concentra en la parte más alta de la distribución, con una carga fiscal efectiva muy desigual entre territorios debido a la descentralización normativa.

Para la elaboración de este análisis, Fedea recurrió a técnicas avanzadas de microsimulación fiscal sobre los microdatos administrativos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, con ocho escenarios alternativos que varían en aspectos clave como el mínimo exento, la existencia de bonificaciones autonómicas, el tipo de activos incluidos en la base imponible y la estructura del gravamen.

La conclusión es que el diseño normativo, en términos de mínimos exentos, bonificaciones autonómicas y composición de la base imponible, condiciona la capacidad recaudatoria del impuesto y su progresividad formal, así como el perfil efectivo de sus contribuyentes y su impacto redistributivo.

Así, los sistemas con mínimo exento elevado y amplias bonificaciones autonómicas concentran la carga tributaria en la parte alta de la distribución. De esta forma, se genera una progresividad aparente elevada, si bien su redistribución efectiva es muy limitada, debido al escaso número de contribuyentes alcanzados.

Para Fedea, los modelos que reducen o eliminan el mínimo exento y las bonificaciones permiten una ampliación de la base imponible, manteniendo niveles de progresividad similares al sistema actual, pero con una redistribución mayor, “al incorporar más declarantes sin debilitar el componente vertical del impuesto”.

García-Rodríguez también estudia este gravamen desde la perspectiva sociodemográfica, ya que, con el sistema vigente del Impuesto sobre el Patrimonio, la probabilidad de declarar se concentra en los hogares de un solo adulto, con o sin menores, que actúan como grupo de referencia y presentan sistemáticamente los efectos marginales más elevados.

“Esta concentración se explica por la titularidad individual de los activos, que incrementa la exposición al impuesto al no poder distribuirse el patrimonio entre varios cotitulares”, agregó en su texto. Sin embargo, los hogares formados por dos o más adultos sin menores muestran de forma sistemática efectos marginales negativos, lo que indica una menor probabilidad de tributar.

Por su parte, los hogares con varios adultos y menores mantienen una probabilidad de declarar baja en la mayoría de modelos estudiados, con la excepción de aquellos que gravan de forma predominante la propiedad inmobiliaria o expanden de manera significativa la base imponible.

García-Rodríguez concluyó que los diseños impositivos con mayor cobertura generan una distribución más diversa del perfil de los contribuyentes, puesto que incorporan a hogares con menores a cargo y a unidades con titularidad individual.

Por el contrario, los modelos más restrictivos concentran el impuesto sobre patrimonios muy elevados y sobre estructuras familiares con menor capacidad de planificación fiscal. Además, la probabilidad de tributar crece con la edad hasta cierto punto, en tanto que el hecho de ser mujer puede enfrentarlas a una menor probabilidad de superar los umbrales de tributación, “posiblemente como reflejo de una menor concentración de activos o una diferente distribución patrimonial”.

Por tanto, para García-Rodríguez, “las reformas que amplían la base imponible y reducen los umbrales de entrada logran una mayor redistribución sin necesariamente renunciar a la equidad vertical, aunque deben acompañarse de criterios de diseño que mitiguen efectos no deseados sobre hogares con activos ilíquidos o estructuras familiares vulnerables”.