“Dicha evolución en la manera de describir y entender la discapacidad nos acerca más al modelo que se recoge en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la cual es una de las principales líneas de reivindicación de Federación ASEM”, afirmó el presidente de Federación ASEM, Manuel Rego.

Este nuevo decreto ley sustituye al anterior que databa de 1999, dando respuesta a las demandas “legítimas” de un colectivo formado en España por 4,38 millones de personas (según el INE). Este nuevo decreto adopta "el modelo biopsicosocial propuesto por la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la OMS".

El nuevo baremo establece unos criterios objetivos para la valoración en todo el territorio del Estado, garantizando un acceso en igualdad de condiciones. Además, se amplía la mirada y comprensión de la discapacidad, teniendo en cuenta la interacción de componentes de salud, sociales, de participación, contextuales y económicos, así como se dota de mayor protagonismo a las barreras y falta de accesibilidad a las que se enfrenta la persona.

Otro de los puntos que destaca en el nuevo decreto ley es la puesta en funcionamiento de un trámite de urgencia para calificar el grado de discapacidad en causas humanitarias o de especial necesidad social, como en los casos de violencia de género o de enfermedades neurodegenerativas de avance rápido como lo son algunas enfermedades neuromusculares.

Sin embargo, desde Federación ASEM siguen reivindicando que “estas mejoras en papel se traduzcan en mejoras en la calidad de vida y atención a las personas con discapacidad, lo cual solamente se puede conseguir destinando los fondos suficientes para reducir listas de espera y hacer efectiva la reducción de desigualdades territoriales y entre diferentes discapacidades”, concluyó el presidente.