Así lo recoge en un decálogo que lanzó con el objetivo de que incorporen a sus programas electorales “compromisos concretos” para garantizar la sostenibilidad del sistema de dependencia y “dar respuesta a las crecientes necesidades asistenciales derivadas del envejecimiento de la población”, según precisó la federación en un comunicado.

La patronal, presidida por Ignacio Fernández-Cid, reclama que la dependencia se convierta en una “prioridad de la agenda política” y que el próximo Gobierno impulse reformas que permitan “mejorar la financiación, reforzar los recursos humanos, ampliar las infraestructuras asistenciales y reducir las trabas administrativas que dificultan el desarrollo del sector”.

Entre sus principales propuestas, FED exige incrementar la financiación pública de la dependencia hasta alcanzar el 1,8 % del PIB y modificar la Ley de Dependencia para “unificar los criterios de reconocimiento de los grados, las prestaciones y los servicios mínimos en todas las comunidades autónomas”.

Asimismo, reclama que los precios públicos de los conciertos reflejen los costes reales de los servicios, mediante la derogación de la Ley de Desindexación en este ámbito y plantea la derogación o modificación del denominado Acuerdo de Acreditación Belarra.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

La falta de profesionales constituye otra de las “principales preocupaciones” de la organización, que propone impulsar una campaña institucional para dignificar la figura del cuidador profesional, facilitar la incorporación de trabajadores extranjeros formados en origen y reducir a un máximo de tres meses los procedimientos de homologación de títulos universitarios de países no pertenecientes a la Unión Europea.

En materia fiscal, FED solicita unificar el IVA superreducido del 4% para todas las plazas y servicios de dependencia, eliminando la diferencia actual respecto al 10% que se aplica, con carácter general, a las plazas privadas. La patronal considera que esta desigualdad fiscal “encarece la atención y supone un tratamiento diferente para servicios que responden a las mismas necesidades asistenciales”.

La organización también reclama liberar suelo dotacional para facilitar la construcción de nuevas residencias y hacer frente al déficit estimado de 75.000 plazas residenciales en España. En aquellas zonas donde no exista suficiente oferta privada, propone impulsar fórmulas de concesión administrativa que permitan desarrollar nuevas infraestructuras.

A ello añade la necesidad de agilizar las licencias de construcción y actividad, contemplando la aplicación del silencio administrativo positivo en los supuestos legalmente permitidos.

FED defendió que estas diez medidas son “fundamentales” para garantizar la viabilidad del sistema y responder a una demanda asistencial que “seguirá aumentando durante los próximos años”. Por ello, la patronal pide a todas las formaciones políticas un “compromiso firme” con la dependencia, que “se traduzca en mayor financiación, seguridad jurídica, profesionales suficientes y nuevas plazas para garantizar una atención digna y de calidad a las personas que necesitan cuidados”, en línea con la recién aprobada reforma legislativa.