Así se desprende de la 'Memoria General del Estado 2025', presentada este jueves por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, con motivo del inicio del Año Judicial, que dedica un apartado específico a la protección reforzada de menores y personas con discapacidad y recoge experiencias y dificultades detectadas por distintas fiscalías territoriales.

La memoria destaca que la Ley Orgánica 1/2025 ha elevado la protección de estos colectivos con el objetivo de “evitar su victimización secundaria” y ha convertido en una regla legal expresa la tramitación preferente de los procesos penales en los que esté involucrada como víctima una persona menor de edad.

En concreto, la reforma establece que los procesos penales con víctimas menores deben tramitarse de manera preferente, una previsión que se suma a las medidas ya impulsadas por la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

La aplicación de esta prioridad ya se refleja en distintas fiscalías. Así, la de Girona recoge la elaboración de una guía de buenas prácticas para los casos de delitos contra la libertad sexual cuando la víctima es un niño, niña o adolescente, mientras que la Fiscalía de Álava informa de un sistema de control de las investigaciones policiales en las que existen víctimas menores de edad para comprobar de manera activa su evolución.

LA PRUEBA PRECONSTITUIDA

Uno de los principales instrumentos de protección es la prueba preconstituida, que permite que la declaración de la víctima se realice durante la fase de instrucción con garantías y pueda utilizarse posteriormente en el juicio, evitando que tenga que volver a declarar y revivir los hechos.

La Ley Orgánica 1/2025 ha reforzado esta herramienta y ha extendido su aplicación al ámbito de la responsabilidad penal de los menores. De esta forma, cuando las víctimas sean menores de 14 años o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, “la prueba preconstituida debe practicarse también en los procedimientos seguidos contra menores infractores”.

Los datos recogidos en la Memoria muestran un aumento de su utilización. La Fiscalía de Barcelona señala que, en los casos analizados, 85 menores de edad mayores de 14 años no tuvieron que comparecer personalmente en el juicio al considerarse “suficiente la prueba practicada” durante la instrucción, mientras que en 18 ocasiones sí se acordó su comparecencia.

Sin embargo, el documento también evidencia problemas que pueden comprometer esta protección. La Fiscalía de Badajoz alerta de deficiencias técnicas en algunas pruebas, como problemas de sonido o imagen, que incluso han provocado “la nulidad de una declaración” en una ocasión. Esta situación obligó a dos menores, de 11 y 15 años, a declarar presencialmente en un juicio por abusos sexuales pese a haber prestado declaración mediante profesionales especializados.

La falta de recursos también aparece como un obstáculo. Valencia, por ejemplo, realizó 165 exploraciones de menores mediante este sistema durante el año analizado, pero advierte de la necesidad de crear nuevas salas Gesell, ya que dispone de seis peritos para practicar estas pruebas y únicamente cuenta con una sala, lo que provoca retrasos.

En Teruel, la ausencia de una sala Gesell obliga a trasladar a Zaragoza la práctica de determinadas pruebas preconstituidas, mientras que Ávila carece de dependencias específicas para explorar a menores y utiliza para ello las instalaciones del equipo psicosocial. Soria, por su parte, alerta de las dificultades para practicar pruebas preconstituidas cuando no hay profesionales disponibles en el servicio de guardia, una carencia que puede “dificultar incluso la solicitud de medidas cautelares”.

BARNAHUS PARA EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN

La memoria destaca asimismo el desarrollo del modelo Barnahus, basado en concentrar en un mismo espacio la atención policial, judicial, sanitaria y social de los menores víctimas de violencia sexual para evitar desplazamientos y la repetición de entrevistas.

Tarragona, pionera en la implantación del modelo en Cataluña, atendió 277 casos durante el año memorial, frente a los 268 del año anterior. De ellos, 159 correspondieron a delitos producidos en el ámbito extrafamiliar y 110 en el intrafamiliar. Las niñas y adolescentes representaron el 73,26% de las víctimas atendidas.

La experiencia de Tarragona se ha extendido al conjunto de Cataluña, donde ya funcionan otras 13 unidades Barnahus, según recoge la Memoria. No obstante, también persisten dificultades técnicas. La Fiscalía de Lleida señala que continúan los problemas relacionados con los medios técnicos empleados y la conexión con las salas de vistas.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el caso de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, la Memoria subraya la importancia de garantizar la accesibilidad, los apoyos y una protección reforzada durante todo el procedimiento judicial.

En este ámbito cobra especial importancia la figura del facilitador, introducida para ayudar a las personas con discapacidad a comprender y participar en condiciones de igualdad en los procedimientos policiales y judiciales.

La Fiscalía de Almería señala que durante 2025 recurrió a esta figura en dos expedientes de protección de víctimas vulnerables con discapacidad, mientras que Teruel informa de su incorporación progresiva a los juzgados de la provincia para atender a víctimas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

En estos casos, los facilitadores proporcionan apoyo y explicaciones en terminología sencilla y adaptada al nivel de comprensión de cada persona. Además, la Fiscalía de León dispone de modelos en lectura fácil para valorar su utilización en diligencias de investigación y procedimientos en los que participen personas con necesidades especiales.

Zaragoza recoge asimismo la colaboración entre el Gobierno de Aragón y Atades para prestar asistencia a víctimas con discapacidad intelectual a través de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (Uavdi), que acompaña y adapta los procesos policiales y judiciales para personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo.

En conjunto, la memoria refleja así un doble escenario: por un lado, un refuerzo progresivo de las garantías legales para evitar que menores y personas con discapacidad tengan que afrontar procesos judiciales que puedan generar una nueva victimización; y, por otro, la existencia de carencias materiales, técnicas y profesionales que todavía dificultan que esas garantías puedan aplicarse de manera homogénea en todo el territorio.