El documento recoge el trabajo desarrollado por el Ministerio Fiscal para adaptar la actuación de la Justicia al nuevo marco de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, aunque advierte de que “persisten dificultades en la aplicación práctica de la reforma”, especialmente por la falta de adaptación de las aplicaciones informáticas y por la necesidad de culminar la revisión de procedimientos anteriores.

En concreto, la Memoria señala que el volumen de dictámenes emitidos por las fiscalías en relación con las rendiciones de cuentas de las medidas de apoyo ascendió a 26.439 en 2025, un 41,2% más que en el ejercicio precedente. Este aumento se vincula, entre otros factores, con la localización de procedimientos para realizar de manera simultánea la rendición de cuentas y la revisión de las medidas de apoyo para adaptarlas a la Ley 8/2021.

En cuanto a la revisión de los procedimientos iniciados antes de la reforma de la legislación sobre capacidad jurídica, a 31 de diciembre de 2025 se habían finalizado 24.815 revisiones, mientras que otras 18.425 permanecían en tramitación y 35.828 estaban todavía pendientes de iniciar.

La cifra de procedimientos pendientes de iniciar se redujo un 28,6% durante 2025, aunque el ritmo de revisiones fue un 37,22% inferior al registrado durante los dos años anteriores. La Fiscalía considera “factible” completar las revisiones pendientes dentro del nuevo plazo establecido, septiembre de 2027, aunque advierte de que “las estadísticas podrían no recoger todos los procedimientos antiguos”, especialmente los anteriores a la informatización de los órganos judiciales.

La situación presenta además diferencias territoriales. Mientras algunas fiscalías consideran que el proceso “está prácticamente concluido”, otras muestran preocupación por la posibilidad de cumplir el plazo. La Fiscalía de Madrid, en particular, realiza un pronóstico pesimista y señala que el esfuerzo es “muy desigual” entre los juzgados, con un órgano de Primera Instancia que acumulaba 994 resoluciones pendientes de revisar.

La Memoria también pone de manifiesto las dificultades para obtener información estadística completa debido a que las aplicaciones informáticas judiciales y fiscales todavía no están plenamente adaptadas a los conceptos introducidos por la Ley 8/2021. Esta carencia impide conocer con precisión cuestiones como el sentido de las resoluciones adoptadas tras las revisiones o el número de procedimientos que terminan sin necesidad de establecer medidas judiciales de apoyo.

En este contexto, la Fiscalía destaca que en el 93,95% de los casos las resoluciones judiciales fueron conformes con las propuestas de medidas de apoyo formuladas por el Ministerio Fiscal. Asimismo, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, durante 2025 se incoaron 1.057 procedimientos contenciosos por oposición a los expedientes de jurisdicción voluntaria, lo que representa el 3,21% de los procedimientos.

DIFICULTADES EN LAS ENTREVISTAS JUDICIALES

La Memoria subraya además la importancia de que las personas con discapacidad sean escuchadas y comprendan el alcance de los procedimientos que les afectan. Algunas fiscalías han detectado “dificultades en las entrevistas judiciales”, especialmente cuando se realizan por videoconferencia, y se apuesta por una mayor presencialidad para garantizar que la persona pueda entender y ser entendida adecuadamente.

En materia de accesibilidad de la Justicia, el Ministerio Fiscal destaca también la elaboración de nuevas guías dirigidas a “mejorar la actuación policial y judicial” cuando intervienen personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En 2025 se publicaron una guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual y una versión en formato de preguntas y respuestas, destinadas a “orientar a los agentes que actúan como primeros intervinientes”.

Estos documentos incorporan cuestiones como la detección de discapacidades que “no resultan evidentes externamente”, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, la figura del facilitador procesal y los ajustes de procedimiento. Además, durante el ejercicio se elaboró una guía práctica sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad durante la tramitación del proceso penal.

AUMENTO DE LOS PATRIMONIOS PROTEGIDOS

Por otro lado, la Memoria recoge un aumento de los procedimientos relacionados con patrimonios protegidos. En 2025 se constituyeron 205 nuevos patrimonios protegidos mediante escritura, un 15,16% más que el año anterior, mientras que se registraron 454 nuevas aportaciones, un 22% más. En total, las comunicaciones recibidas por las fiscalías alcanzaron las 669, un 19% más.

Pese a este incremento, la Fiscalía considera que el patrimonio protegido continúa teniendo una utilización “reducida” y señala que su tratamiento fiscal “no favorece suficientemente este recurso”, por lo que plantea la necesidad de avanzar en una reforma de la normativa para adaptarla a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

La Memoria concluye así con un balance de avances en la adaptación de la Justicia al nuevo modelo de derechos de las personas con discapacidad, pero también con la constatación de que persisten obstáculos normativos, tecnológicos y organizativos que deben ser abordados para garantizar un acceso efectivo y sin barreras a los procedimientos judiciales.