Así lo desvela la Memoria Anual de la Fiscalía, presentada este jueves en el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027 y que destaca el “esfuerzo sostenido” de la Fiscalía de Madrid, con la incoación de 2.774 diligencias preprocesales; Barcelona (2.286); las fiscalías gallegas, encabezadas por La Coruña, con 1.848 diligencias, Orense (1.157), Pontevedra (571) y Lugo (492); las valencianas, en concreto, Valencia (1.660) y Alicante (723); Murcia (1.205); Vizcaya (640) o Asturias (506).

Pese a las cifras alcanzadas, se detecta un “importante descenso” del 31,11% en el volumen de incoaciones en el territorio de la Comunidad de Madrid, que es del 45,13% en el caso de la capital y del 24,23% en sus secciones territoriales y la Fiscalía atribuye este “drástico descenso” en Madrid capital a la reducción del impulso a instancias del Ministerio Fiscal de los procedimientos de revisión transitorios, tras la finalización de los planes de refuerzo.

Por el contrario, se registran ascensos de otras fiscalías, como la de Albacete, con un 114,28% más de diligencias incoadas por la actividad desplegada tras las visitas de los fiscales a las residencias y la incoación de diligencias para documentar cada caso detectado de residentes que habían perdido su capacidad para expresar su voluntad sobre su permanencia en los mismos y sobre los que era necesario presentar la oportuna solicitud de internamiento judicial.

Esta misma tendencia se registra en la provincia de Vizcaya, si bien en este caso el incremento (30%) es atribuido por la fiscal delegada tanto al aumento de las comunicaciones recibidas por parte de los servicios sociales municipales o los departamentos clínicos y áreas sociales de hospitales y centros residenciales de mayores, como al “paulatino y relevante” aumento de resoluciones judiciales de archivo por oposición a las medidas de apoyo.

En las aplicaciones informáticas no se ha desarrollado todavía la diferenciación categorizada de las diversas diligencias preprocesales que tramitan los fiscales y, según un muestreo representativo sobre el 30,5% de las incoadas en este año, el 84,27% de estas son tramitadas en estudio de la posible necesidad de medidas de apoyo de una persona, correspondiendo el 7,9% a actuaciones relacionadas con centros de internamiento y el restante 7,8% sobre patrimonios protegidos.