En 2022 se registraron 50 feminicidios íntimos consumados, un 2% más que en el 2020 (49) y un 3,85% menos que en 2021. La Fiscalía pone el foco en la incidencia “muy preocupante” de los feminicidios y violencia de género en el ámbito rural.

El Ministerio Público atribuye esta circunstancia en “el mayor enraizamiento de la cultura patriarcal en la sociedad rural” que “determina un mayor grado de normalización y mayor dificultad en la percepción y reconocimiento de las conductas machistas abusivas y violentas” y que comporta “mayor dificultad para denunciar”.

A ello hay que sumar otros factores como “la escasez de recursos o la dificultad para acceder a aquellos que existan por las distancias y deficiencias estructurales; la ausencia de anonimato, el miedo al estigma, a ser señaladas y culpabilizadas, el aislamiento…”, todos ellos factores que podrían determinar que, “en el ámbito rural, las mujeres víctimas de la violencia de género, tengan mayores dificultades para salir de la violencia y recuperar su vida”.

Según los datos que cita la Fiscalía, 15 de los feminicidios consumados en 2022 se cometieron en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, lo que representa el 30%. De ellos, cinco ocurrieron en municipios de menos de 1.000 habitantes (el 10%); seis en municipios de 1.000 a 5.000 habitantes (12%); dos de 5.000 a 10.000 y dos de 10.000 a 20.000 (4% respectivamente).

En municipios de más de 20.000 se produjeron 35 feminicidios, lo que representa el 70%. De las cinco mujeres que fueron asesinadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, solamente una de ellas había denunciado previamente (el 20%).

De las cinco mujeres que fueron asesinadas en municipios con una población de entre 1.000 y 5.000 habitantes, cuatro no habían denunciado y sí lo había hecho una de ellas hacía muchos años (2009) (el 20%). De las cuatro mujeres que fueron asesinadas en municipios de 5.000 a 20.000 habitantes, sólo la mitad de ellas habían formulado denuncia con anterioridad (el 50%).

Además, la Memoria explica que la media en que las mujeres tardan en denunciar la violencia a la que están siendo sometidas por sus parejas o exparejas, es de ocho años y ocho meses, aunque hay comunidades autónomas en las que las mujeres tardan un tiempo superior.

POR COMUNIDADES

Así, en La Rioja la media es de 12 años y siete meses; en Aragón 12 años y seis meses; en Canarias 11 años y nueve meses; en el País Vasco 11 años y siete meses y en Extremadura 11 años y tres meses.

Por otra parte, las mujeres que más años tardan en denunciar son las situadas en las franjas de 46 a 55 años (12 años y ocho meses), seguidas de las de 56 a 65 (19 años y ocho meses) y las demás de 65 años (26 años y tres meses), dato también de interés en el mundo rural, dado que es allí donde la población está más envejecida.

Las estadísticas indican que de las 50 víctimas mortales de 2022, ocho tenían más de 65 años lo que representa el 16%; sus agresores tenían más de 65 años en siete ocasiones, pues uno de ellos tenía 42 años. En uno de esos casos se le imputa al investigado un delito de homicidio en comisión por omisión dada la situación de discapacidad en la que se encontraba la víctima, el abandono a que fue sometida y que determinó presuntamente su muerte y la posición de garante del investigado por su relación de afectividad con convivencia.

De esas ocho mujeres solamente habían denunciado previamente dos, lo que supone el 25%, porcentaje que se mueve en parámetros similares al que afecta a las mujeres en general pues, sabemos que solo se denuncia entre el 21 y el 25% de la violencia que sufren las mujeres en España. Y concluye la Fiscalía: “ser persona mayor es un factor específico de vulnerabilidad que puede interactuar con otros como la dependencia o la ruptura de la relación de afectividad que en parejas mayores puede desencadenar actuaciones violentas por el mayor arraigo de roles patriarcales”.

En el año 2022 se interpusieron 182.073 denuncias en los juzgados de violencia sobre la mujer (un 11,8% más que en 2021), con 176.380 víctimas (un 10,69% más que el año anterior). De ellas, el 65,66% españolas y 34,4% extranjeras. Solo el 1,83% fueron presentadas por algún familiar y el 3,96% por servicios asistenciales o terceros en general.

Por comunidades, las que más denuncias registraron fueron Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, siendo llamativo lo reflejado por el fiscal delegado de Zamora, al indicar un descenso de procedimientos incoados de aproximadamente en un 20%, respecto al año anterior (203 incoados frente a 264 de 2021), lo que evidencia lo positivo en la disminución de las potenciales agresiones hacia las mujeres.

DISCAPACIDAD

La discapacidad, dice la Fiscalía, es otra preocupación que se mantiene desde hace años. La prevalencia de la violencia de género en cualquiera de sus formas es más elevada entre las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% que en las mujeres sin discapacidad.

Según la Macroencuesta de 2019, el 20,7% de las mujeres con discapacidad acreditada ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad acreditada. Por otra parte, el 17,5% de las mujeres con discapacidad que han sufrido cualquier tipo de violencia de alguna pareja afirman que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas por sus parejas, el 23,4% de las que han sufrido violencia física o sexual.

Estas realidades, dice la Fiscalía, se han de tener en cuenta para dar una respuesta adecuada en los procedimientos penales. La Memoria apuesta por ajustar las peticiones acusatorias a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran estas víctimas y valorando, en su caso, la discapacidad sobrevenida a esa violencia, no solo a los efectos de la aplicación del tipo penal correspondiente, sino también para hacer efectivo el derecho a la reparación de estas víctimas.

Los datos demuestran que las mujeres con discapacidad denuncian más en proporción que las mujeres sin discapacidad; pese a ello, al Ministerio Público le preocupa que estas mujeres y sus hijos tengan acceso a recursos específicos para su atención integral y para protegerlas ante el procedimiento, garantizando su derecho a entender y ser entendida y a no sufrir revictimización. De las mujeres asesinadas en el año 2022 solo en un caso se ha detectado una situación de discapacidad (2%).

PROPUESTAS

En este capítulo, la Fiscalía reitera sus propuestas de la Memoria del pasado año para que se habiliten ventanillas únicas de recepción de denuncias, creando un sistema de asistencia coordinado, especializado y multidisciplinar que incluya a policías, trabajadores sociales y psicólogos para dar una adecuada respuesta a la demanda de las víctimas.

Pide la creación de Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) en todas las provincias, con una dotación suficiente de profesionales adecuadamente formados en violencia de género y maltrato infantil y que estén a disposición de los juzgado del violencia sobre la mujer durante las guardias; garantizando la fácil comprensión y la comunicación de las personas con discapacidad, asegurando la disponibilidad de intérpretes, facilitadores y el uso de herramientas como la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas, etc.

La Fiscalía propone también mejorar las instalaciones de los edificios judiciales, adaptando espacios para evitar el encuentro entre víctimas e investigados; salas para la recepción y espera de los menores; creación de espacios que permitan que la audiencia de los y las menores de edad sea realizada con rigor, tacto y respeto, en definitiva, la mejora de las instalaciones de los edificios judiciales pensando en la calidad del servicio público y en el bienestar emocional de los usuarios.