Así lo desvela la Memoria Anual de la Fiscalía, presentada esta semana en el acto de apertura del Año Judicial 2026-2027 y que recoge las diligencias preprocesales y actuaciones respecto de visitas e inspecciones a centros de internamiento psiquiátrico, centros residenciales y/o sociosanitarios de personas mayores o con discapacidad.

Sus objetivos son detectar situaciones de involuntariedad no regularizadas judicialmente, bien respecto de su autorización inicial, bien respecto de sus prórrogas; velar por el respeto de los derechos fundamentales de las personas internadas, entre los cuales, según la Fiscalía, “cobran especial relevancia” el derecho de acceso a la justicia en relación con la eventual impugnación del internamiento y el derecho a su integridad física y moral y a no sufrir un trato degradante, en relación con el cual, a su entender, “sobresale la monitorización del uso de contenciones”.

Junto a ello, dichas visitas pretenden localizar y evaluar eventuales situaciones de necesidad de apoyos y salvaguardas en la toma de decisiones, con el fin de promover, en su caso, la provisión de las medidas judiciales que procedan.

En esta tarea, “un año más”, según el Ministerio Fiscal, las fiscalías reportan las “dificultades” para “cubrir” la totalidad de las 5.188 residencias de personas mayores (381.514 plazas) y las 1.455 residencias para personas con discapacidad (49.435 plazas) existentes en España, según los datos del último censo de centros residenciales publicado por el Imserso.

“Además, debe considerarse que, en muchos casos, son precisamente las fiscalías provinciales de plantilla más reducida las que cuentan con un mayor número de centros en su territorio”, puntualizó, mencionando los casos de Orense y Palencia.

GRANDES ESFUERZOS

A su juicio, esta situación “explica” que las grandes fiscalías que cuentan con una sección especializada, como es el caso de Madrid o Valencia, puedan desarrollar, “no sin grandes esfuerzos”, una planificación de visitas de inspección “mucho más intensa, asegurando una rotación más frecuente”.

Con todo, los fiscales delegados territoriales informan de “importantes avances” en la cooperación e intensidad de las líneas de trabajo conjuntas desarrolladas con los servicios de inspección autonómicos.

En cuanto a las tipologías comunes en las deficiencias “ocasionalmente” encontradas, mencionó insuficiente control documental, falta de formación respecto del uso de contenciones y sujeciones, inadecuación de los espacios físicos y de los recursos materiales en relación al perfil de los residentes y sus necesidades específicas o, en algunos supuestos, falta de control riguroso de las situaciones de involuntariedad y su correlativa comunicación para validación judicial.

En cuanto a la supervisión del uso de sujeciones y contenciones, junio de 2025 era la fecha límite para la efectiva implementación de lo dispuesto en el apartado decimoquinto de la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de Acreditación y Calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

SUJECIONES

Este acuerdo exigía que, en esa fecha, todos los centros, públicos y privados, habrían de contar con un plan de atención libre de sujeciones. Su cumplimiento, una vez llegado el plazo indicado, junto con la entrada en vigor de normas autonómicas adicionales ha determinado el “impulso definitivo a un cambio de paradigma en la materia”, según la Fiscalía, que subrayó que la “generalidad” de las fiscalías territoriales “refleja importantes avances en la sensibilización de los centros en esta materia”.

A su vez, puntualizó que, en algunos territorios, se ha puesto de manifiesto el “contraste” entre el “esfuerzo y compromiso” de la dirección de los centros para lograr el objetivo de eliminación de las contenciones, frente a la “visión de los propios familiares de los residentes que, en ocasiones, se oponen a la retirada de estas o que incluso han llegado a denunciar al centro por la no aplicación de una determinada contención”.

INTERNAMIENTO PSIQUIÁTRICO

En paralelo, manifestó la necesidad de abordar una eventual “revisión” de la regulación legal del internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, tal y como, recordó, “viene exigiendo en sus informes el Comité de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad”.

A este respecto, explicó que el año pasado se siguieron dando “dificultades” en “diversos” territorios acerca de la aplicación de la regulación del internamiento por razón de trastorno psíquico al supuesto de internamientos de personas mayores en centros residenciales.