"Parece que el Govern de la Generalitat y sus aliados parlamentarios quieran destruir un sector económico y, al mismo tiempo, colapsar totalmente el mercado de la vivienda generando una incapacidad absoluta para crear nueva oferta de pisos", denunció la patronal catalana, que aseguró que esta medida se trata de "un deterioro sin precedentes" de la seguridad jurídica y de un paso más en la degradación del ordenamiento legal.

Para la patronal catalana, no es una medida técnica orientada a ampliar la oferta de vivienda, sino "una norma punitiva e ideológica que acabará perjudicando, sobre todo, a las personas que buscan piso".

También afirmó de que no se puede gobernar a golpe de prohibición ni convertir al propietario en el enemigo público para tapar décadas de ineficacia institucional. “Esto no es una regulación equilibrada: es una ofensiva que vacía derechos, alimenta la inseguridad jurídica y reduce el parque disponible”, señaló el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre.

Foment advirtió que la norma "choca frontalmente con la legislación estatal, invade competencias exclusivas del Estado en materia de arrendamientos urbanos y rompe la unidad básica del régimen civil, con el consiguiente impacto sobre la estabilidad del mercado y la previsibilidad necesaria para invertir y poner viviendas en circulación".

VULNERA EL DERECHO DE PROPIEDAD

Además, la patronal consideró de que la ley "vulnera materialmente el derecho de propiedad".En este sentido, recordó que la función social "no ampara su vaciamiento, ni la socialización encubiertade activos privados, ni la imposición de restricciones intensas sin ninguna compensación". “La Constitución no legitima la confiscación normativa ni el castigo ideológico al propietario”, remarcó Foment.

En este sentido, advirtió de que la regulación "puede entrar en colisión" con el derecho de la Unión Europea, porque "afecta la libertad de empresa, la libre circulación de capitales y el principio de seguridad jurídica". Por todo ello, considera que Cataluña envía una señal nociva al tratar la inversión —nacional y extranjera— como "un adversario político", cuando en realidad es "un elemento esencial para generar oferta y actividad económica".

REDUCIRÁ LA OFERTA

Por otra parte, consideró que "lejos de aumentar la disponibilidad" la norma "reducirá aún más la oferta". "Cuando el riesgo regulatorio crece, muchos propietarios retiran viviendas del mercado, se tensan los precios, aumentan las exigencias y se dificulta el acceso, sobre todo para quienes tienen menos capacidad de competir", señaló Foment quien consideró que "más control y más prohibiciones, conllevan "menos pisos disponibles y más opacidad".

Por último, Sánchez Llibre aseveró que la ley no resuelve la raíz del problema —la falta de oferta— y opera como una coartada para desviar el foco del fracaso de las políticas públicas: insuficiencia de vivienda social, trabas administrativas, bloqueo del suelo y déficit de planificación. “Es más fácil señalar a un colectivo que asumir décadas de inacción y decisiones equivocadas”, sentenció.