La primera orden establece la declaración sobre la red, así como la adjudicación de capacidad de infraestrutura ferroviaria para los operadores que deseen prestar servicios ferroviarios en competencia con la compañía Renfe Operadora.

Establece, asimismo, las funciones propias del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) frente a los operadores ferroviarios y regula los acuerdos marco que podrá alcanzar este organismo con determinados operadores, la vigencia de los derechos de uso de capacidad y los derechos y obligaciones de ambos.

Por último, fija el régimen aplicable a las vías congestionadas y establece el mecanismo a seguir para superar las situaciones de saturación de infraestructuras y garantizar la prestación del mejor servicio ferroviario.

La segunda orden ministerial regula los cánones que se pagarán al ADIF por el uso de las vías ferroviarias por parte de los operadores.

La ley otorga cobertura jurídica a la relación entre el ADIF y los organismos obligados a pagar dichos cánones y establece un canon por la utilización de las líneas ferroviarias de la red estatal y otro por el uso de las estaciones y otras instalaciones, así como la aplicación por parte del ADIF de impuestos indirectos.

Estas dos órdenes se enmarcan dentro de la reordenación que la Ley del Sector Ferroviario está efectuando en el sector con el fin de facilitar el acceso a las infraestructuras de todos los candidatos interesados en la explotación del servicio ferrioviario.