Aunque la nueva edición de la Macroencuesta de Violencia introduce avances metodológicos, como preguntas específicas sobre el grado y el tipo de discapacidad, FCM denunció que la información sigue siendo "fragmentaria y parcial", ya que "la falta de accesibilidad deja fuera a miles de mujeres". Solo el 19,1 % de las mujeres con mayor grado de discapacidad pudo responder en modalidad de autocumplimentación por internet, porcentaje que "casi se duplica entre las mujeres sin discapacidad", informó la fundación.

El estudio confirma que "la violencia se agrava conforme aumenta el grado de discapacidad". Las mujeres con un grado igual o superior al 65% presentan las tasas más elevadas: un 27,1% ha sufrido violencia física por parte de parejas pasadas y un 18,5% violencia sexual. Al analizar conjuntamente la violencia física y sexual, la prevalencia alcanza al 29,4 % de estas mujeres. Además, el miedo en relaciones anteriores se dispara al 25,4 %, siempre según las conclusiones realizadas por FCM.

La fundación explicó, además, que la macroencuesta también muestra que "la violencia machista puede ser causa directa de discapacidad". El 16,4 % de las mujeres con discapacidad o limitaciones que han sufrido violencia física, sexual o emocional atribuye su discapacidad a esos episodios, porcentaje que sube al 19,6 % cuando las agresiones han sido físicas o sexuales. Entre las mujeres con discapacidad igual o superior al 33 %, la prevalencia de violación a lo largo de la vida se sitúa en el 4,6 %. El 10,4 % de quienes han sufrido violencia sexual fuera de la pareja afirma que esta fue el origen de su discapacidad.

El informe revela igualmente "que las mujeres con discapacidad encuentran más barreras para acceder a servicios especializados, debido a obstáculos físicos, comunicativos y digitales, a la necesidad de apoyos personales o al aislamiento en el que muchas viven".

Ante esta situación, la Fundación Cermi Mujeres emitió un comunicado en el que "exige garantizar la plena accesibilidad e inclusión de las víctimas con discapacidad en todos los servicios especializados". Además, insta "a desplegar con urgencia las medidas contempladas en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya aplicación corresponde a las Comunidades Autónomas. La entidad reclama recursos específicos, como acompañamiento personal, atención psicológica adaptada y acceso a la justicia en condiciones de igualdad, que "permitan a estas mujeres recibir un apoyo efectivo para salir de la violencia".