Así lo puso de manifiesto la FDyD en su documento de alegaciones y propuestas de mejora presentado ante el departamento que dirige el ministro Óscar López, en el que planteó la necesidad de “actualizar y ampliar” el marco regulador vigente, aprobado en 2004 y con más de dos décadas de aplicación.

La Fundación reclamó que la futura regulación no limite su alcance al momento del acceso o ingreso en las Administraciones públicas, sino que “contemple todas las etapas de la relación profesional de las personas con discapacidad” con el empleo público.

En concreto, la FDyD planteó que la nueva norma adopte un enfoque integral y transversal que abarque la fase previa al proceso selectivo y de ingreso, el desarrollo de la carrera profesional una vez producido el acceso al empleo público y las medidas de apoyo dirigidas a quienes adquieren una discapacidad sobrevenida después de su incorporación como empleados públicos.

A juicio de la entidad, las garantías de igualdad y no discriminación y el deber de provisión de apoyos deben acompañar a la persona con discapacidad durante todo su itinerario profesional, evitando que el acceso a la función pública sea entendido como “un momento aislado y desvinculado de las condiciones posteriores de desempeño, progreso, promoción y permanencia”.

La FDyD defendió que la futura regulación debe garantizar no solo la posibilidad efectiva de acceder al empleo público, sino también el desarrollo profesional en condiciones de igualdad, la eliminación de barreras y los apoyos necesarios para asegurar la permanencia y la progresión profesional de las personas con discapacidad.

Para la Fundación, la revisión de una norma con más de 20 años de vigencia constituye una “oportunidad” para que el Gobierno impulse una regulación “ambiciosa” y actualizada, plenamente alineada con el enfoque de derechos humanos de la discapacidad y capaz de responder a las necesidades que la experiencia de estas dos décadas ha puesto de manifiesto.