La entidad explicó que trabaja en la adaptación de su organización a las exigencias previstas en la nueva regulación, publicada el pasado 16 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor el 2 de enero de 2027.

El Real Decreto desarrolla la Ley 43/2015, del Tercer Sector de Acción Social, y regula por primera vez el procedimiento, los requisitos, los derechos y las obligaciones de las entidades que deseen obtener la condición de colaboradoras de la Administración General del Estado.

Para acceder a este reconocimiento, las organizaciones deberán acreditar el cumplimiento de criterios relacionados con el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas, la solvencia institucional, la participación y el impacto social de su actividad.

En este contexto, la Fundación Derecho y Discapacidad indicó que está verificando el cumplimiento de todos estos requisitos con el objetivo de “situarse entre las primeras entidades en obtener esta acreditación”, que consideró “un respaldo institucional” a su labor y “un instrumento para fortalecer la colaboración con las administraciones públicas”.

El presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, aseguró que este nuevo estatuto “constituye un reconocimiento de la contribución del tercer sector de acción social al interés general y a las políticas públicas” y afirmó que la entidad quiere situarse “desde el primer momento entre las organizaciones acreditadas”, al considerar que reúne “la vocación, la experiencia y el compromiso necesarios para ejercer una colaboración institucional estable al servicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad”.

La Fundación prevé completar en los próximos meses todas las actuaciones preparatorias necesarias para presentar su solicitud, de manera que pueda obtener el reconocimiento oficial en cuanto el procedimiento administrativo quede plenamente operativo.