En nota de prensa, destacó que la entrada en vigor de la ley que modifica el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, proíbe la celebración de espectáculos públicos que denigran o hacen mofa pública de esta condición.

A su juicio, resulta "de extrema gravedad además la participación de instituciones públicas en la publicidad del evento".

En ambos casos ayuntamientos, diputaciones e incluso los gobiernos autonómicos acompañaron la presentación pública de las actividades, denunció.

Se da la circunstancia de que la competencia en materia de autorización y sanción, en primer lugar, sería de las comunidades autónomas.

Por ello, la organización naturalista instó al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a poner en marcha todos los mecanismos legales necesarios para suspender la convocatoria, y solicitó la máxima celeridad a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.