El informe, elaborado por Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea, se basa en una muestra de más de 1.600 mujeres con discapacidad de toda España víctimas de violencia de género, de las que 53 son de Aragón.

Entre sus principales conclusiones, destaca que el 40,4% de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia de género, frente al 32% de las mujeres sin discapacidad. Además, el 34,5% no han denunciado por miedo o por no identificar la situación de violencia, y un 4,3% han retirado la denuncia.

El estudio también revela que en el 57,6% de los casos la discapacidad es previa a la violencia, mientras que un 27,6% de las mujeres afirma que es consecuencia de la misma. Asimismo, el 13,4% asegura que su salud ha empeorado como resultado de la violencia sufrida.

La presentación tuvo lugar en el Espacio WTCZ, dentro de un ciclo de encuentros que recorre distintas ciudades españolas para difundir los resultados y generar espacios de sensibilización y diálogo en torno a esta problemática.

La jornada fue inaugurada por la directora de Inserta Empleo en Navarra y Aragón, Lorena Basols, junto a responsables institucionales del ámbito autonómico y representantes de la ONCE en Aragón.

Durante el acto, la coordinadora del proyecto ‘Mujeres en Modo ON VG’, Edelmirа González, expuso los principales datos del informe, que tiene como objetivo “aportar la primera base estadística específica" en España sobre la relación entre discapacidad y violencia de género.

Tras la presentación se celebró una mesa redonda sobre buenas prácticas y experiencias para romper el ciclo de la violencia, así como una experiencia inmersiva titulada ‘Invisibles’, que permitió a los asistentes acercarse a la realidad de estas mujeres.

El evento fue clausurado por la secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo, Virginia Carcedo.

Este estudio se enmarca en el proyecto ‘Mujeres en Modo ON VG’, impulsado en 2020 para acompañar y empoderar a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género a través de la formación y el empleo, y refuerza la necesidad de avanzar en políticas públicas específicas que garanticen su protección y sus derechos.