Gallardón hizo estas consideraciones al declarar como testigo en este juicio, en el que compareció como testigo, algo que tuvo lugar en las dependencias que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

Al expresidente madrileño se le preguntó por el hecho de que el Consejo de Gobierno que presidía autorizara, el 29 de noviembre de 2001, al Canal de Isabel II a adquirir el 75% de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa) por 73 millones de dólares.

Esta adquisición se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51%% de la sociedad dominicana Watco S.A. El fiscal sostiene que esto provocó un “sobreprecio indebido” de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y “en beneficio exclusivo de los vendedores”.

“PROPÓSITO DE EXPANSIÓN”

Por estos hechos se sientan en el banquillo 19 acusados, entre ellos los exconsejeros Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados.

En sus conclusiones, el Ministerio Público solicitó para los acusados penas de entre seis y siete años de prisión como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos.

Gallardón señaló que, además de una relación de trabajo en el pasado, le une a Calvo y Bravo una “profunda amistad”, al tiempo que defendió la legalidad de la operación y que todo se hizo siguiendo los cauces establecidos.

Señaló que el “propósito de expansión” del Canal lo conoció por los medios informáticos, pero que tuvo noticia del “plan concreto” cuando el mismo se presentó al Consejo de Gobierno del 29 de noviembre de 2001.

Sobre el hecho de que el Canal comprase el 75% de Inassa a través de otra sociedad, el expresidente madrileño dijo que en la reunión de su Ejecutivo esto no se comentó, pero la operación venía con los “informes de legalidad” de los técnicos.

“SINGULARIDAD JURÍDICA”

Apuntó que habrían aprobado la adquisición mediante el instrumento de otra sociedad porque es normal en el derecho mercantil este tipo de procedimientos. Al mismo tiempo, defendió que en esta compra no hubo “ocultación” ni “perjuicio patrimonial” para las arcas autonómicas.

Añadió que los responsables del Canal plantearon la forma de expansión internacional de esta empresa por su “singularidad jurídica”, lo que fue respaldado por los consejeros.

Además, resaltó que la operación para que la entidad del agua saliese tuvo el apoyo de su Consejo de Administración, en el que resaltó que había dos representantes del PSOE, uno de los empresarios y otras personas.