Así lo reivindicó en un comunicado en el que valoró que el Ejecutivo “pasa de la retórica a los hechos” y exigió también mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, especialmente de las auxiliares del SAD y de las residencias.

En este contexto, subrayó que 1.756 millones para este año deben servir para “agilizar” los procedimientos y reducir la lista de espera, aumentar las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio, incrementar las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, subir las prestaciones económicas vinculadas al servicio y autorizar compatibilidad entre prestaciones y servicios.

Además, esta nueva financiación debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, especialmente de las auxiliares del SAD y de las residencias, insistió.

“Hay que ver cómo se establecen procedimientos más agiles en las comunidades autónomas y cómo puede influir esta financiación en la aprobación del proyecto de ley de discapacidad y dependencia que actualmente está en el Congreso de los Diputados” agregó, al tiempo que se preguntó “qué mecanismos va a habilitar la Administración General del Estado para garantizar que este incremento presupuestario mejore la vida de las personas en situación de dependencia”.

ARCAS AUTONÓMICAS

En este contexto, advirtió de que esta financiación “no debe servir para sanear las arcas autonómicas, sino para mejorar y atender a las personas en situación de dependencia de manera idónea y ágilmente. No se debe permitir que, haciendo lo mismo, las comunidades reciban más dinero”, agregó.

“Este incremento de financiación será un reto para las comunidades que en algunos casos deberán incrementar su presupuesto propio para alcanzar el cumplimiento del 50% de financiación”, apostilló.

Mayo finalizó, según sus cálculos, con 265.460 personas a la espera de un procedimiento, con 155.352 personas con derecho reconocido en espera de atención.

“A estas cifras hay que añadir 110.108 personas pendientes de valoración. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza esas 265.460 personas, 7.293 más que al comienzo del año”, prosiguió.