Así lo afirmó el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, en unas jornadas organizadas por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) sobre el nuevo marco de reglas fiscales, que el Ejecutivo espera que se acuerde de forma definitiva “pronto”, para que entre en vigor en 2024 y en primavera se presenten los primeros planes de ajuste fiscal a medio plazo.

El nuevo marco de gobernanza económica mantendrá los valores de referencia de deuda y déficit en el 60% y el 3% del PIB, respectivamente. Si se superan estos niveles, las nuevas reglas fiscales exigirán la confección de” planes de al menos cuatro años que garanticen que la deuda pública se sitúa en una senda descendente, a la vez que se acometen ajuste anuales equivalentes a 0,5 puntos del PIB hasta rebajar el déficit al 3%, entre otras novedades.

El Gobierno cree que los ministros de Economía de los 27 lograrán un acuerdo “pronto” en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin). No obstante, todavía hay algunos puntos que pulir, ya que, mientras que Alemania quiere reforzar las cláusulas de salvaguarda, países como Francia e Italia prefieren un enfoque orientado a la situación particular de cada Estado. España, por su parte, quiere que se mantenga el espíritu de la propuesta de la Comisión Europea, que “flexibiliza” las reglas fiscales, aunque sin “debilitarlas”.

“Este marco es más flexible, pero no necesariamente más laxo. En algunos casos resulta más restrictivo, de mayor disciplina. No hay en este planteamiento una idea de que flexibilizar sea igual a debilitar en el plano fiscal. Es más bien plantear un marco más razonable desde el punto de vista económico y más realista desde el punto de vista de la política económica”, explicó García.

En este contexto, España insiste en sellar un acuerdo durante su etapa en la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, para que se apruebe la nueva reforma definitiva antes de que culmine la legislatura europea y se puedan poner en marcha las reglas fiscales en 2024, cuando el Gobierno debería reducir el déficit hasta el 3% del PIB.