En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que este Estatuto delimita “lo que es la formación” de lo que es trabajar y sustituir empleados. De hecho, señaló que desde ahora no se podrá “sacar valor” de las tareas de las personas en prácticas no laborales.

“A partir de ahora, las personas que se están formando van a tener derechos”, sentenció Díaz, quien resaltó que se tendrán que compensar los gastos en los que incurran las personas en prácticas. Asimismo, el Estatuto prohíbe que los becarios paguen a las empresas por formarse.

Tras más de un año de negociaciones, el Ministerio de Trabajo cerró antes del verano de 2023 un acuerdo solo con los sindicatos, pues CEOE y Cepyme se descolgaron finalmente. No obstante, diferencias entre la parte del Ejecutivo liderada por Yolanda Díaz y el ala socialista impidieron que se pudiera aprobar, pues desde el ámbito del PSOE se apuntó que la norma estaba todavía “muy verde”. No hubo tiempo de seguir negociando, en un contexto marcado por el adelanto de elecciones al 23 de julio de ese año llevado a cabo por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Cuando se negoció el acuerdo de Gobierno para la nueva legislatura, Sumar logró incorporar en el texto de la hoja de ruta de la coalición la aprobación del Estatuto del Becario, sin detalles de plazos ni de contenidos. Ahora, casi dos años después, el Consejo de Ministros alumbra el anteproyecto de ley que tendrá que seguir tramitándose, aprobarse después como proyecto de ley y pasar al Congreso, donde se enfrentará al reto de buscar apoyos parlamentarios suficientes, en una coyuntura en la que Junts, PP y Vox ya tumbaron, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral en septiembre. Y a ello se suma la ‘ruptura’ escenificada por parte de Junts con el PSOE a finales de octubre.