Con la aprobación de este reglamento "se da respuesta a una demanda histórica de la comunidad sorda de hacer realidad el reconocimiento legal de su lengua natural, alineándose con otros países del entorno comunitario", señalo el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.

Este decreto nace un consenso de todas las organizaciones de personas sordas y sordociegas y sus familias y cuenta con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Su elaboración ha sido consensuada con los departamentos afectados del gobierno, destacó Derechos Sociales.

Se trata de un desarrollo reglamentario fundamental para mejorar la vida de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, dado que se garantiza la libre elección de lengua entre el uso de la lengua de signos española y la lengua a través de los medios de apoyo a la comunicación oral.