Con la aprobación del ‘techo de gasto’, el Gobierno da inicio al proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, que serán “expansivos y responsables”, como señaló la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Montero precisó que este será el último ejercicio en el que se incorporen recursos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que en los últimos años han resultado “una herramienta imprescindible” y “fundamental” para España.

Sin tener en cuenta la partida procedente de los fondos europeos, el ‘techo de gasto’ sería de 212.026 millones, un 8,5% más y con un aumento de 16.673 millones de euros respecto a 2025. “Se trata de un incremento significativo, pero también prudente, acorde con el cumplimiento de las reglas fiscales y reglas comprometidas”, agregó la ministra durante su intervención.

Montero también informó de que el techo de gasto contempla una transferencia de 22.881 millones de euros a la Seguridad Social, para cumplir con la recomendación del Pacto de Toledo, y equivale a un 1,4% del PIB.

SENDA DE ESTABILIDAD

Además del ‘techo de gasto’, el Consejo de Ministros dio el visto bueno este martes a la senda de estabilidad, acordada este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con el respaldo de las comunidades gobernadas por el PSOE y rechazado por las del PP.

El conjunto de las administraciones públicas deberá tener un déficit del 2,1% en 2026, cuatro décimas menos del previsto para este ejercicio. Para 2027, se espera un déficit del 1,8% y para 2028, un 1,6%, que será nueve décimas inferior a la de 2025. Por su parte, la Administración Central deberá cumplir con un déficit del 1,8% para el próximo año, para bajar al 1,5% en 2027 y al 1,4% en 2028.

“El peso de la reducción del déficit recae en menor medida en la Administración General del Estado (AGE). Su objetivo será del 1,8% cuatro décimas menos que lo que tenemos fijado para 2025. Al final de este periodo, en 2028, la AGE habrá reducido su déficit 8 décimas respecto a 2025”, puntualizó.

En lo que respecta a las comunidades autónomas, su objetivo de déficit será del 0,1% en cada uno de los años del periodo 2026-2028, de manera que “no tienen que hacer ningún esfuerzo” para reducirlo, en tanto que para las entidades locales se exigirá estabilidad presupuestaria.

“Teniendo en cuenta que estas comunidades recibirán los mayores ingresos de su historia del sistema de financiación, mantendrán en la práctica más capacidad de gasto y mayor también margen fiscal. Por eso, creemos que no hay excusa para destinar estos recursos a la sanidad o a la educación pública”, advirtió la ministra.

Montero aludió así a las entregas a cuenta, que serán de 157.731 millones de euros para las comunidades autónomas en 2026, un 7% más de la cantidad recibida en 2025. La cifra será de 170.300 millones si se suma la previsión de liquidación de 2024.

Para los ayuntamientos, esa cuantía será de 29.246 millones en 2026, un 8,7% más que en 2025, y de 30.216 millones si se añade la previsión de liquidación para 2024, un 4,6% más que la de 2025.

La diferencia entre el déficit concedido al Estado, del 1,8% para 2026, y el de las comunidades autónomas, del 0,1% para el mismo ejercicio, recibió críticas por parte de los consejeros autonómicos en el CPFF del lunes.

Montero detalló tras el Consejo de Ministros que de ese 1,8%, 1,4 puntos de su composición corresponden a la transferencia a la Seguridad Social, según dicta el Pacto de Toledo.

Además, se suma una décima adicional que se imputa al nuevo impuesto a las entidades financieras, de forma que la recaudación de 2025 se les distribuirá a las comunidades autónomas en 2026.

“Esa recaudación correspondía a ingreso del Gobierno de España, pero tras la última reforma fiscal, la recaudación correspondiente a este impuesto pasará a comunidades autónomas, que sería lo mismo que dotar con una décima de PIB al subsector de comunidades autónomas que, al margen de sistema de financiación recibirá, en torno a 1.500 millones de euros procedentes de la recaudación del impuesto bancario”, explicó la ministra de Hacienda.

La senda de estabilidad aprobada este martes también contempla un objetivo de déficit para la Seguridad Social del 0,2% en 2026 y la misma para 2027, y del 0,1% en 2028.

En cuanto a la deuda, Montero aseguró que se seguirá reduciendo el pasivo de España, que se prevé del 100,9% en 2026; en el 100% en 2027; y en 99,1% en 2028. La regla de gasto se establece en el 3,5% en 2026; del 3,4% en el 2027; y en el 3,2% en 2028.

VOTACIÓN

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el Congreso deberá votar la senda de estabilidad. Ante la fragmentación parlamentaria y la negativa de las comunidades del PP en el CPFF, Monteo pidió a los grupos políticos “altura de miras”.

“En caso de que se rechace, entrara en vigor lo que fija la Constitución, que es equilibrio presupuestario. Si la rechazan, los gobiernos (autonómicos) perderán esta décima de margen y perderían 5.485 millones en el periodo 2026-2028”, advirtió la ministra.

Montero defendió que la senda de 2026 aporta más recursos y más capacidad fiscal a las comunidades autónoma y comentó que no se entendería que el PP, que gobierna en la mayoría de ellas, vote en contra en el Congreso "por puro interés partidista".