El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, han promovido la adopción de dicha declaración en conmemoración de esta fecha y orientada también a “fomentar” el “respeto” a los tratados de derechos humanos ratificados por España, así como a “visibilizar el potencial transformador de la Convención”, tal y como precisó el gabinete de Bustinduy en un comunicado.

En la declaración se hace un “llamamiento” a “continuar avanzando” en derechos para las personas con discapacidad, destacando la reforma del artículo 49 de la Constitución Española que se aprobó a comienzo del año 2024 y que, según recordó el departamento que lidera Pablo Bustinduy, “hace una referencia específica a fomentar entornos universalmente accesibles”.

A este respecto, puntualizó que el cambio normativo “obliga” a los poderes públicos a “impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad", según se explicita en la declaración.

De esta forma, y a través de la misma, el Gobierno pretende expresar su “compromiso” con las personas con discapacidad y se marca el “propósito” de "garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles".

ACCESIBILIDAD SIN EXCEPCIONES

La declaración reivindica, a su vez, el trabajo que está llevando a cabo el Ejecutivo en materia de discapacidad y señala que sus iniciativas “están orientadas a transformar de raíz nuestro paisaje, para que la accesibilidad sea practicable a todas las personas sin excepciones”, así como a cumplir con los objetivos fijados por la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.

En paralelo, “pone en valor” la inversión en accesibilidad por parte del Gobierno con “determinación de seguir incorporando la accesibilidad como principio transversal al acceso a servicios públicos, la vivienda, la educación, la salud o la cultura”.

En este contexto, en “coherencia” con los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y del artículo 49 de la Constitución Española, el Gobierno ha puesto en marcha diferentes iniciativas, entre las que el ministerio resaltó el II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, que reconoce la accesibilidad universal como “condición” que deben “cumplir todos los entornos, productos, bienes y servicios para que puedan ser utilizados y disfrutados por todas las personas”, que fue aprobado a finales de 2023 para el periodo 2023-2032 y cuenta con una dotación presupuestaria cercana a los 85 millones de euros.

LEYES DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

A su vez, hizo hincapié en la reforma de las leyes de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, para “adaptarlas” al “renovado” artículo 49 de la Constitución Española.

Junto a ello, mencionó el Proyecto de Real Decreto que regula el etiquetado accesible de productos de consumo, para dotar de “mayor autonomía y seguridad” a las personas con discapacidad en “actividades cotidianas” como hacer la compra.

Por último, en relación al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, subrayó que España ha sido el “único país de la Unión Europea” que ha destinado cerca de 200 millones de euros, de fondos Next Generation EU, para que la accesibilidad sea “practicable a todas las personas sin excepciones”.