Los beneficiarios de este Plan serán los 253.266 empleados representados en la Msa General, que contarán con una dotación de 24,64 millones de euros, a los que se sumarán las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Magistrados, y Jueces y Fiscales, que representan un colectivo de 267.792 trabajadores, y que dispondrán de una cantidad estimada en 26,06 millones de euros.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales para la modernización y mejora de la Administración Pública establecía el compromiso de elaborar un Fondo de Pensiones par los empleados públicos que estuviese operativo a partir del año 2004.

El proyecto de Reglamento del Plan de pensiones es fruto de los trabajos elaborados por los Ministerios de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, y supone la creación de un fondo de pensiones compatible con las pensiones públicas establecidas por la Seguridad Social y clases pasivas del Estado, cuyas aportaciones tendrán carácter de salario diferido y se distribuirán de manera individual para cada empleado.

Los promotres del Plan serán los Departamentos Ministeriales y sus Organismos Autónomos y los Entes Públicos con presupuesto limitativo o con funcionarios en activo (quedan excluidas entidades como RTVE, AENA o Banco de España, entre otros), y la entidad aseguradora responsable de gestionarlo será seleccionada mediante concurso público.

Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán promover voluntariamente planes de pensiones para sus empleados públicos, garantizándose la igualdad entre el conjuno de los trabajadores mediante el establecimiento de un porcentaje máximo de la masa salarial para financiar las aportaciones que tendrá carácter básico, y por lo tanto, vinculante para todas las Administraciones Públicas, y que quedará reflejado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para 2004 se sitúa en el 0,5% del PIB.

El Reglamento establece también la movilidad de los derechos consolidados a otro Plan, como medida para el fomento de la movilidad entre Administraciones, subsanando los prblemas que podrían surgir respecto a los planes de pensiones de los que ya disponen algunas Comunidades Autónomas.