Del mismo modo, las sanciones consideradas graves serán de un máximo de 5 millones de pesetas frente a las 500.000 pesetas actuales, mientras que las leves pasan de 50.000 a 250.000 pesetas. La ley endurece también el plazo de prescripción de las infracciones, que pasa de 3 a 5 años.

Según explicó a esta agencia el direcor general del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, Javier Gómez-Hortigüela, aunque la solución de estos problemas no se basa en la sanción, "no tenía sentido que una norma en que el bien jurídico protegido sea la vida del trabajador tenga un rango de sanciones inferior a normas que rige, por ejemplo, horarios comerciales".

El anteproyecto de Ley, que será aprobado previsiblemente el viernes por el Consejo de Ministros, considera como infracción muy grave -que se sancionará con hasta 100 millone de pesetas- que el empresario acceda a los informes médicos que se realicen al trabajador sin el consentimiento de éste.

Asimismo, será considerada falta 'muy grave' que el empresario no paralice el proceso productivo si la Inspección de Trabajo considera que existe un riesgo para el trabajador y, del mismo modo, que se exponga al mismo a una situación de riesgo inminente.

Dentro de las faltas graves se encuentran aquellas como la no evaluación de los riesgos del trabajador, no realizar reconociientos médicos a los empleados, que no exista en la empresa un servicio de prevención, o exponer a los empleados a agentes nocivos para la salud.

No mantener un servicio de limpieza en el centro o unas medidas de higiene adecuadas o cometer fallos de documentación relacionados con la salud laboral, son infracciones que serán sancionadas con 250.000 pesetas por considerarse leves, siempre que no tengan una trascendencia grave para la salud de los trabajadores.

SIN CONSENSO

Sin embargo el anteproecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, anteriormenete denominada de Salud Laboral, ha sufrido considerables modificaciones y peripecias.

En varias ocasiones ha sido rechazada por la Comisión de subsecretarios y ahora llegará al Parlamento, sin el consenso de los sindicatos, que mostraron su desacuerdo con el voto negativo que expresaron en el Consejo Económico y Social (CES).

En contra de las exigencias de CCOO y UGT, el delegado de prevención no tendrá un crédito horario específico, porlo que deberá ser un miembro del comité de empresa quien desempeñe las actividades preventivas.

El anteproyecto contempla, sin embargo, que en las empresas en que se realicen contratos de muy corta duración, como en la construcción, se permita que el delegado de prevención no tenga el mínimo de antiguedad exigido para formar parte del comité de empresa.

Asimismo, un trabajador podrá paralizar un proceso productivo a "abandonar o interrumpir" su actividad si considera que existe riesgo inminente pra su salud, "siempre que no pueda ponerse en contacto con un superior de inmediato". Esta misma facultad se reconoce al comité de empresa.

A las embarazadas se les permitirá asistir a cursos de preparación del parto a cargo de la empresa y de prácticas prenatales.

LA FUNDACION EN SEIS MESES

La ley incluye también un acuerdo alcanzado enre Gobierno y sindicatos para crear una Fundación para promocionar la información de la Seguridad e Higiene en las empresas y que, según el compromiso adquiridoen el anteproyecto, Trabajo tendrá que formar en un plazo máximo de seis meses.

El patronato de la Fundación será la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene, que cuenta con una representación de administraciones, sindicatos y patronal, y será financiado por los excedentes de las mutuas. El presupuesto de esta Fundación, será de 10.000 millones de pesetas, en cinco años.

Gómez-Hortigüela destacó el "elemento dinamizador" y el ámbito "universal" de la norma, además de "desarrollar de manera eficazel derecho a la protección de cualquier trabajador".