Aborto

El Gobierno exige a Madrid, Baleares y Aragón que den pasos para crear el registro de médicos objetores en el plazo de un mes

MADRID
SERVIMEDIA

El Consejo de Ministros aprobó este martes la activación del procedimiento legal por el que el Gobierno quiere hacer cumplir a Madrid, Baleares y Aragón la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que obliga a todas las comunidades autónomas a contar con un registro de médicos objetores de conciencia a la práctica del aborto. "Tienen un mes para responder a este requerimiento", advirtió la ministra de Sanidad, Mónica García. De no hacerlo, el siguiente paso será acudir a la vía contencioso-administrativa.

Así lo anunció la titular de Sanidad en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que explicó que su departamento ya ha emprendido "el camino de las acciones legales" para exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con la Ley. En este sentido, García indicó que desde Sanidad se realizará un "requerimiento formal" a la Comunidad de Madrid -que es la que de forma explícita se ha negado a cumplir con la norma, como recordó la ministra- y también "a otras comunidades que no tienen este registro de objetores, como son Baleares y Aragón, por incumplir esta obligación prevista en la Ley Orgánica 1/2023".

"La semana pasada lo dije y esta semana también lo digo muy claro: la ley se cumple. Punto", enfatizó García. "Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio, las mujeres nos quedamos y vamos a ejercer nuestros derechos libremente, aquí y ahora", sentenció la ministra de Sanidad en una nueva respuesta a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la semana pasada, en la Asamblea madrileña, invitó a las mujeres a que se vayan a abortar a otra parte.

"TIENEN UN MES PARA RESPONDER"

Según explicó García, el procedimiento que el Gobierno ha decidido activar para hacer cumplir la ley a estas comunidades autónomas "está previsto en el artículo eh 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, que obliga a realizar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales. Si después de este requerimiento, pasado un mes, (las comunidades no cumplen la ley) tenemos dos meses de plazo para acudir a los tribunales y para plantear un contencioso-administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley. La señora Ayuso se ha equivocado por partida doble. Se ha creído que está por encima de la ley, pero también se ha creído que está por encima del derecho de las mujeres y ni una ni otra".

La titular de Sanidad recordó que una vez se activa el procedimiento legal, "la Comunidad de Madrid, al igual que las otras dos comunidades, tienen un mes para responder a este requerimiento y dejar de incumplir la ley".

"Le recomiendo a la señora Ayuso que recoja cable, que abandone su cruzada contra las mujeres y contra los derechos conquistados por las mujeres y que cumpla la ley como hacen el resto de comunidades autónomas. Y también al señor Feijóo, recordarle que es el Tribunal Constitucional que tiene jurisprudencia que habla que la objeción de conciencia es un procedimiento activo e individual y que saltarse este procedimiento no solamente de vulnera los derechos de las mujeres, es que también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia". En este punto, García también recordó que el Gobierno madrileño "sí cumple la ley en el registro de de conciencia en en la materia de eutanasia, en la ley de eutanasia. Es un procedimiento normal dentro de nuestro sistema jurídico y dentro de nuestro sistema sanitario".

"EL REGISTRO NO ES OPCIONAL"

La decisión adoptada hoy por el Consejo de Ministros, explicó la titular de Sanidad, se basa en dar seguimiento a los acuerdos adoptados el 16 de diciembre del 2024 en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "con el voto favorable de todas las comunidades autónomas presentes, incluida, como no, la Comunidad de Madrid". En aquella reunión, indicó García, se aprobó el protocolo de registro de objetores de conciencia que desarrolla lo previsto en la ley. "Un protocolo de registro de objetores de conciencia al que se agarraban las comunidades del Partido Popular para no cumplir la ley", afeó la ministra.

"El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, es una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto", aseveró.

García afirmó que "el Ministerio de Sanidad ha ido cumpliendo escrupulosamente todos los pasos dentro de la legalidad para que este cumplimiento de la ley se haga efectivo" y recordó que en la reunión Interterritorial celebrada el 4 de abril del 2025 "fue aprobada y firmada" la creación de ese registro. "Desde entonces hemos seguido haciendo un seguimiento exhaustivo de la implantación a través de la alta inspección del Sistema Nacional de Salud. La inmensa mayoría de las comunidades ha cumplido con su obligación o se encuentra en trámite de en la fase de trámite, salvo tres comunidades que son Madrid, Baleares y Aragón", detalló.

Sobre la calificación de "machito" que la presidenta madrileña dedicó este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, García afirmó que "'machito' es decirle a las mujeres que se vayan a abortar a otro sitio, eso es machito. Todo lo demás, como ya nos tiene acostumbrados la señora Ayuso, es intentar desviar el foco".

(SERVIMEDIA)
14 Oct 2025
MAG/gja