Las comunidades autónomas tendrán un objetivo de déficit del 0,1% para 2026, 2027 y 2028. Esto supondrá dotar a las comunidades autónomas de un margen fiscal que alcanza los 5.485 millones en ese trienio. “Esto significa que, en todo el periodo de la senda, las comunidades autónomas no tendrán que hacer ningún esfuerzo añadido para reducir su déficit”, explicó Montero.

Ese 0,1% es similar al que ya propuso Hacienda en 2024 para la posterior elaboración de los presupuestos de este ejercicio. No obstante, el Congreso tumbó la senda de déficit y el Gobierno volvió a presentar después otra senda, con cifras similares, que retiró después por falta de apoyos.

La cifra de déficit para las comunidades autónomas, en el 0,1% del PIB, ya cuenta este año con el rechazo de Junts, que hace unos meses exigió un 0,3% para dar su apoyo. Al margen de la cifra, el partido de Carles Puigdemont rompió hace unas semanas con el PSOE y avisó de que presentaría enmiendas a la totalidad a cualquier iniciativa del Gobierno.

El objetivo del 0,1% de déficit para las comunidades autónomas va en línea con los avisos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que considera que las autonomías no necesitan un déficit superior a ese 0,1%. Los entes locales, por su parte, mantendrán la estabilidad.

Para el conjunto de las Administraciones Públicas, el déficit de 2026 deberá quedar en el 2,1%, para pasar al 1,8% en 2027 y llegar al 1,6% en 2028.

El objetivo de deuda previsto para 2026 será del 19,6%, del 18,9% para 2027 y del 18,3% para 2028.

Montero también avanzó que la regla de gasto, que solo se informa al CPFF, pero no se vota, será del 3,5% en 2026; del 3,4% en 2027; y del 3,2% en 2028.

La ministra recordó que la senda acordada este lunes pasará mañana por el Consejo de Ministros y, de ahí, irá al Congreso de los Diputados, y precisó que si no sale adelante, volverá en una segunda ocasión.

Si así tampoco lo consigue, España seguirá cumpliendo con el “objetivo en el plan estructural fiscal que se remitió a la Comisión Europea”, por lo que el país nunca se quedará sin objetivos de estabilidad.

ENTREGAS A CUENTA

En este CPFF, Hacienda ofreció a las comunidades autónomas 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta para 2026, un 7% más de la cantidad recibida en 2025.

Este incremento responde a la buena dinámica de la economía española, que ha permitido actualizar la cifra anunciada en julio de este año, de 156.990 millones de euros.

Esta partida supondrá el mayor importe de la historia en recursos para las comunidades autónomas.

Si a la cifra de las entregas a cuenta se le suma la previsión de liquidación de 2024, la financiación total que recibirán las comunidades autónomas en 2026 será de 170.300 millones. Por tanto, el incremento será del 7,7% respecto a lo concedido en 2025. “Nunca antes el Estado había puesto a disposición de los territorios unos importes como estos”, subrayó la ministra.

Hacienda también desveló que los ayuntamientos y corporaciones recibirán 29.246 millones en 2026, en concepto de entregas a cuenta. Una cifra que se incrementa un 8,7% con respecto a 2025.

Además, si a esta cantidad se le suma la previsión de liquidación para 2024, las entidades locales percibirán del sistema de financiación 30.216 millones, un 4,6% más que la de 2025.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Montero también presentó a las comunidades autónomas un nuevo sistema de financiación, que ampliará en otro CPFF, previsto para finales de enero o principios de febrero.

La ministra precisó que presentarán el modelo “en su totalidad”, con todas las modificaciones que llevará implícito, de forma que cada comunidad autónoma pueda ver el resultado global para su región.

Montero garantizó que “ninguna comunidad saldrá perjudicada” y será aplicable a todas las de régimen común, teniendo en cuenta “singularidades o particularidades territoriales”.

Asimismo, el nuevo modelo recogerá “la solidaridad interterritorial de forma explícita, transparente y basada en criterios objetivos”, con corresponsabilidad fiscal y se buscará reducir las diferencias originadas por la financiación por habitante ajustado.

“Mi idea es que antes de que acabe la legislatura el modelo esté aprobado”, enfatizó Montero, aunque detalló que no depende de ella.