Dicho Comité de personas expertas, compuesto por un máximo de 50 miembros, tendrá que elaborar en el plazo de seis meses un informe con los análisis y las conclusiones que considere convenientes sobre el impacto de las tecnologías en los menores de edad.

Además, deberá formular recomendaciones de actuaciones y medidas para desplegar a corto, medio y largo plazo, para que las Administraciones públicas garanticen un marco de prevención, detección precoz y protección frente a una posible vulneración de los derechos de la infancia y la juventud. Este informe será elevado al Gobierno por medio el Ministerio de Juventud e Infancia.

El Cermi se integra en este Comité en representación del sector social de la discapacidad y aportará su conocimiento experto en la esfera de la juventud e infancia con discapacidad. La plataforma global de la discapacidad ha designado a su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, para formar parte de este grupo de trabajo.

El objetivo final de esta Comité es lograr un acuerdo intergeneracional de país que permita a niñas, niños y adolescentes disfrutar de los beneficios de la tecnología, garantizándoles una navegación segura en la red, priorizando la defensa de sus derechos y ofreciéndoles la posibilidad de participar en la toma de decisiones.