La firma del pacto tuvo lugar en la sede del Ministerio de Trabajo, donde Díaz, Sordo y Álvarez explicaron que este acuerdo es el broche de oro de muchos avances logrados con el diálogo social esta legislatura.

Yolanda Díaz aseguró que lamenta “mucho” que la CEOE no esté en el acuerdo “por razones difícilmente comprensibles” y agradeció a los líderes de CCOO y UGT su labor durante más de tres años, “porque hemos sido capaces de colocar el valor en el centro”, ya que el “el trabajo lo es todo”.

“Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes como trabajadores de usar y tirar. Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes en práctica como asalariados y asalariadas fantasma”, subrayó la vicepresidenta segunda, quien denunció que se haya “insultado” a la juventud española, llamándola “generación de cristal”, cuando han sufrido tasas de paro y temporalidad muy elevadas.

“Había autoridades públicas que les decían que tenían que elegir entre la precariedad y el paro. Esto lo decía una exministra de Trabajo”, añadió Díaz en referencia velada a Fátima Báñez.

Además, reprochó que España ha tenido “gobiernos nini” durante más de 40 años, porque “no daban ni soluciones ni alternativas” a la juventud, con “gobiernos que han sido malos estudiantes” y que “no están a la altura de las circunstancias de este país”.

Asimismo, en un contexto de precampaña electoral, Díaz proclamó que “la política tiene que dejar de ser un problema en nuestro país” porque debe ser “útil”, como lo es hoy con este acuerdo. “Vemos como unos y otros se lanzan acusaciones, se faltan al respeto y hablan de problemas que solo son de políticos”, censuró.

SINDICATOS

Mientras, Pepe Álvarez criticó que “solo hay un elemento que no ha hecho posible la firma” por parte de CEOE, “que es que el 29 de mayo el presidente del Gobierno decidió convocar elecciones”. Pero, a su juicio, es algo que se debe aprobar de forma “inminente” y “no queremos que pase más tiempo” sin que el Estatuto vea la luz.

En la misma línea, Unai Sordo dijo que “si el acuerdo no es tripartito no es por ningún arreón de última hora, sino porque CEOE ha decidido bajarse de la diligencia en el último momento”. “Las prácticas tienen que servir para cualificar mejor y no para el abuso cotidiano que lo que hacen son funciones no relacionadas con la formación”, añadió.

Ambos líderes sindicales sacaron pecho también de los “frutos” que ha dado el diálogo social durante esta legislatura, con una “inmensa mayoría” de acuerdos tripartitos, por lo que mostraron su agradecimiento al Ministerio de Trabajo y al de Seguridad Social.

“Gracias a los acuerdos que hemos hecho en el diálogo social este país se ha salvado. Y hay que decirlo así. Los recursos públicos para salvar 3,6 millones de puestos de trabajo y 550.000 empresas han salvado a España”, aseveró Sordo, quien presumió de que con la reforma laboral se ha reducido la temporalidad a la mitad.

Previamente, intervinieron los responsables de las políticas de juventud de los dos sindicatos. Desde CCOO, Adrià Junyent, afeó que “las empresas y universidades se han acostumbrado a que seamos su mano de obra barata o casi gratis”.

De su lado, Eduardo Magaldi, de UGT, puso ejemplos como que hay empresas que tienen al 70% de su plantilla en prácticas no laborales y avisó de que “está muy normalizado que se hagan tareas repetitivas y sin contenido formativo” en las empresas para suplir tareas de empleados en plantilla.

CEOE

Por su parte, la CEOE se ha descolgado del pacto porque considera que llegar a nuevos acuerdos tras el adelanto electoral convocado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la consecuente disolución de las Cortes "no es lo más adecuado".

El pasado mes de octubre, sindicatos y Trabajo alcanzaron un acuerdo con uno de los borradores del Estatuto que finalmente no fue rubricado por la intención del departamento de Yolanda Díaz de atraer también a la CEOE al acuerdo. Ahora, y tras el adelanto electoral, el texto se cierra únicamente con un pacto bilateral.

El Estatuto del Becario era un mandato recogido en la reforma laboral pactada en 2021 entre sindicatos, patronal y Gobierno Tras la firma de este jueves, el texto será aprobado en Consejo de Ministros como real decreto-ley.

Posteriormente, el Estatuto tendrá que ser convalidado en el Congreso de los Diputados y, debido al adelanto electoral y a la consiguiente disolución de las Cortes, el trámite tendrá que realizarse en la Diputación Permanente.

CONTENIDOS

El Estatuto del Becario fija, entre otros contenidos, que el número de personas en formación práctica no podrá superar el veinte por ciento de la plantilla total de los centros de trabajo, aunque cualquier empresa podrá concertar formación práctica con dos personas, con independencia del tamaño de la organización, asegurando así que las más pequeñas no queden fuera.

El documento define qué son las prácticas formativas en las empresas y organismos públicos, fija tiempos máximos de duración y advierte de que “se presumirá que existe relación laboral cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”.

Asimismo, subraya que la formación en la empresa no podrá suponer coste para la persona en prácticas y que se le tendrán que compensar los gastos en los que incurra.

Además, fija que las tareas que se desarrollarán en la formación han de circunscribirse a las que estén relacionadas con lo establecido y se deberá establecer un itinerario para cada persona.

La persona en formación tendrá que tener un tutor asignado que no podrá atender a más de cinco individuos al mismo tiempo, que serán tres, en el caso de centros de trabajo de menos de treinta personas de plantilla.

La formación deberá respetar los tiempos mínimos de descanso regulados en los convenios colectivos y, salvo que la actividad no permita otra opción, no se podrán realizar prácticas en horario nocturno.

También establece el acuerdo que las personas en prácticas podrán hacer uso de las instalaciones de los centros de trabajo, acogerse a protocolos como el de la lucha contra el acoso y la violencia o acceder en igualdad de condiciones a los procesos de denuncia de situaciones de fraude.

El texto también señala que los períodos de formación práctica no laboral realizados en empresas y organismos deberán computar en la Seguridad Social. En paralelo, mandata que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley se deberá crear una comisión de seguimiento sobre las prácticas no laborales con la participación de los ministerios con más peso en estas cuestiones, así como de los sindicatos y patronales más representativas, junto a las universidades.

En otro orden de cosas, los acuerdos o convenios para la formación práctica en la empresa y los planes formativos de cada persona en formación práctica permanecerán a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La Inspección será el organismo encargado de “vigilar” el cumplimiento de esta ley, que contiene un paquete de sanciones cuya cuantía varía en función de la gravedad de la infracción cometida. En líneas generales, las sanciones oscilarán entre los 70 y los 225.018 euros.