Fuentes gubernamentales se mostraron este martes "totalmente convencidas" de que "Junts sabe que hemos sudado la camiseta", parafraseando al presidente del Gobierno. "Lo hemos intentado de todas las maneras posibles y llevamos muchos meses con conversaciones con todos los países", explicaron.

Así, dan por hecho que, pese a que se haya aplazado esta votación, la relación entre el Ejecutivo y Junts no se resiente, "ni mucho menos está rota, como algunos pretenden hacer ver".

Además, recordaron que en España "existe una mayoría parlamentaria que si creyó en la oficialidad de lenguas y así se aprobó en el Congreso". "Estamos muchos de acuerdo. Es una cosa colectiva, pese a que este fin de semana nos lo pusieron difícil", señalaron estas fuentes, que culpan al PP de ese aplazamiento después de que varios países pidieran tiempo para meditar su voto.

Las mismas fuentes insistieron en que "nunca dijimos que esto estaba hecho y Junts es consciente de ello", pero "habrá que seguir trabajando y dialogando con su ayuda para poderlo sacar cuanto antes".

PUIGDEMONT ATACA AL PP

Por otro lado, el líder de Junts, Carles Puigdemont, atacó este martes al PP mediante un mensaje en sus redes sociales, en el que recordó que el Estatuto de Cataluña insta tanto a la Generalitat como al Gobierno a "emprender las acciones necesarias" para el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la UE.

Por este motivo, ante el rechazo de los populares, Puigdemont se preguntó si el PP hace "apología de la desobediencia, de la rebelión o del delito de traición". "Conspirar con terceros países para ir contra los intereses oficiales del Reino de España debe ser de todo menos leal", sentenció.

En su mensaje, el líder de Junts también hizo referencia a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el gasto que supondría la medida. "Ya pueden descontar la cantidad que deseen del déficit fiscal, que aún nos adeudarán 20.000 millones de euros anuales", contestó.

El Gobierno español se comprometió desde el inicio a correr con los gastos extra que suponga la traducción e interpretación de documentación oficial comunitaria a estas lenguas, un coste que la Comisión Europea estimó en un primer informe en torno a los 132 millones de euros anuales.